Organizaciones que representan a más de 4,000 instituciones de educación particular de nivel básico a superior rechazan el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020 que analizan la Secretaría de Economía (SE) y Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Las instituciones particulares de los distintos grados académicos rechazamos totalmente el proyecto de la NOM-237, que se terminó de elaborar en las oficinas de la Secretaría de Economía, ya que durante las 12 sesiones que pretendían ser un diálogo nunca se nos escucharon”, refirió María Luisa Flores, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (Alpes), en conferencia de prensa virtual.
Añadió que la implementación de la NOM-237, que pretende regular los cobros de estas instituciones, pone a 18,000 escuelas particulares —de las más de 45,000 a nivel nacional— en riesgo de cerrar.
Por su parte, Pilar Martínez, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI), indicó que las escuelas particulares invirtieron durante la pandemia en servidores de internet, hardwares, software y capacitación de los profesores por lo que la NOM-237 impactaría más al gasto que se ha realizado.
Agregó que 150,400 alumnos desertaron tras la declaración del confinamiento por carecer de las herramientas adecuadas para seguir estudiando.
La implementación de la NOM-237 “podría generar incontables temas de corrupción ocasionando que se cierren algunas escuelas” afirmó Itzel Carmona Gándara, miembro de la Comisión Político Legal de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
La norma
El Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020 fue publicado por la Secretaría de Economía el 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF, pero aún no ha sido validado ni entrado en operación, por lo que las organizaciones hicieron un llamado a la titular de la dependencia, Tatiana Clouthier, a revertir el proyecto.
De acuerdo con el documento publicado, su propósito es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten.
La SE explicó en una ficha técnica que la norma fue propuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que entre algunos de los objetivos está el evitar que los prestadores de servicios educativos establezcan cobros injustificados o innecesarios durante el ciclo escolar sin previa autorización de los usuarios del servicio.
