La terna del presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a uno de los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) destapó una vieja cloaca: el mecanismo para elegir a los integrantes del máximo órgano de justicia del país está viciado.
Según expertos en el tema, el proceso para designar a los titulares de este poder –procedimiento que data de 1994 y se enmarca en los artículos 96 y 95 de la Constitución Política Mexicana— tiene fallas; la principal es la concesión al presidente de la República de elegir hasta en dos ocasiones a los integrantes de la terna que se presenta al Senado para su designación.
Además, existen otros dos elementos cuestionables. Uno, la falta de obligación al presidente de justificar públicamente la elección de sus candidatos a la terna. Y dos, la carencia de una normativa que regule los requisitos de los aspirantes al Poder Judicial.
Entrevistado al respecto, Javier Martín Reyes, abogado especialista en sistema de Justicia Penal, refiere que el procedimiento es una “herencia” de la concentración del poder del viejo régimen priista, además un legado que ya debe ser modificado.
Es un procedimiento que debimos haber cambiado desde hace años
señaló el también catedrático y coordinador de la carrera de derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
A partir del 6 de diciembre pasado –fecha en que López Obrador presentó su terna a la cámara alta–, el Senado tiene 30 días para analizar los perfiles de Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá, posibles sustitutos del exministro José Ramón Cossío que culminó sus funciones.
La moción causó controversia principalmente por la evidente cercanía de Ortiz Ahlf y Maya García con Morena, partido fundado por el tabsaqueño.
Loretta Ortiz –esposa del consejero para la Constitución moral, José Agustín Ortiz Pinchetti— fue diputada federal por Morena en 2013 y durante el periodo de transición fue designada por el presidente como coordinadora de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional.
Por su parte, Celia Maya buscó la gubernatura de Querétaro en 2016 con lo colores de Morena y también aspiró a un escaño en el Senado en 2018 por el mismo partido.
Alcántara Carrancá tampoco se salva de los señalamientos.
El doctor en derecho fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal cuando López Obrador fue jefe de gobierno (2000-2005), además también fue el candidato de presidente en su terna para la Fiscalía de la república.
Una mancha pesa sobre el expediente del abogado, pues en 2013 fue acusado de presunto tráfico de influencias, así como de estar implicado en un escándalo del exministro Genaro Góngora Pimentel relacionado con la pensión de sus hijos.
Si bien, como el mismo López Obrador refirió ante los medios, la propuesta de terna es un ejercicio de las “facultades constitucionales” del Poder del Ejecutivo, Javier Martín Reyes y otros estudiosos en la materia señalan que es tiempo de cuestionar este mecanismo.
Con la elección de un magistrado nos estamos jugando algo equivalente a lo que nos jugamos cada tres o seis años en las elecciones federales (…) Lo que estamos viendo hoy es una revisión de esos vicios que venimos arrastrando del pasado
Los vicios
Desde 2015, los expertos en derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José y Miguel Carbonell, señalaron que la actual designación de los ministros de la SCJN resulta “inadecuada” y “perniciosa” en virtud de que la intervención del Poder Ejecutivo en esta designación puede “inducir cierto sesgo político e ideológico” además de que la elección puede hacerse con afinidad al máximo mandatario.
Para el especialista Javier Martín Reyes, las principales razones por las que considera que el procedimiento para designar a los integrantes de la Suprema Corte, y al que se refiere el artículo 95 de la Constitución Política es “deficiente” son:
-El tiempo que tiene el Senado para evaluar a los candidatos es limitado. El artículo 95 señala como plazo máximo 30 días para hacer esta ponderación.
-La terna evalúa tres perfiles, en lugar de uno –como ocurre en el sistema de justicia de Estados Unidos, que es similar al mexicano—.
-No existen requisitos ni un deber para que el presidente explique de manera clara su elección. “Típicamente vemos una narrativa de sus cargos más destacados, pero esto es una barra muy baja porque no nos explican otras razones”.
-Finalmente, el procedimiento le da un “poder desmedido” al presidente de escoger a los que van en la terna, pues refiere que puede proponer hasta en dos ocasiones una terna y en caso de que el Senado rechace a los postulantes, el presidente, en un tercer intento, designará de manera directa al ministro.
El académico del CIDE destacó que para entender sus vicios se debe recordar que el procedimiento vigente deriva de una reforma de 1994, de un contexto donde el PRI – partido que gobernó por 70 años el país— aún tenía una mayoría clara en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“El Revolucionario Institucional no quería perder el control de las designaciones en ese momento y lo que hizo con la reforma de 1994 fue blindar la posibilidad de que la oposición tuviera injerencia en la designación; ese es el procedimiento que por desgracia hemos heredado y que lo han utilizado tanto presidentes del PRI como del PAN y en donde hemos visto una serie de designaciones de personajes que tiene simpatías muy claras con actores y partidos políticos. Nadie ha querido cambiarlo porque cuando eres mayoría lo que quieres es aumentar tu mayoría”, destaca.
Con este panorama a cuestas, en un artículo publicado en la obra Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Tomo III: Justicia, los investigadores de la UNAM José y Miguel Carbonell plantearon una primera propuesta de reforma al artículo 96 en la que se incluya un mecanismo que permita a la sociedad pronunciarse sobre los candidatos y “que pueda recabar la opinión del propio Poder Judicial, de las universidades del país, de las facultades de derecho y de centros de investigación jurídicas”.
También piden que las comparecencias de los aspirantes se conviertan en “un componente esencial” en el que se analicen a profundidad los antecedentes y las cualidades de los candidatos.
Además, fustigaron con una proposición: que se elimine el sistema de ternas y que sea facultad exclusiva de la cámara alta postular y hacer el nombramiento de los futuros ministros.
Más moderado, Javier Martín Reyes asegura que no existe una “fórmula especifica”, no obstante, destaca que el mecanismo tendría que ser un procedimiento que garantice la independencia y que elimine a “toda costa” la designación automática del Poder Ejecutivo.
“Podríamos pensar en un procedimiento en el cual la selección inicial de las ternas no resida en un órgano político, sino en un comité, es decir, que los candidatos pasen por un primer filtro conformado por un órgano de participación ciudadana”.
De la terna de López Obrador, el abogado del CIDE critica la “clarísima vinculación partidista”.
Ese procedimiento lo debimos haber cambiado desde hace años, por eso, quizá lo que es más triste de cara a esta situación es que quienes hoy son mayoría –y que históricamente se habían quejado del uso político del procedimiento de designación de los ministros—, hoy que tiene la oportunidad de mejorar los mecanismos no optaron por eso, y dejaron las reglas tal cual
“El presidente, sin tener que cambiar la constitución, pudo haber abierto el proceso y convocado a grupos de la sociedad civil, a universidades, a armar una terna interesante con tres perfiles. No pasó. Es su facultad legal, sin duda, pero sí dejó pasar una oportunidad histórica para transparentar el proceso”, concluye.
