Elecciones judiciales con 20 candidatos ligados al crimen y antecedentes penales
En un proceso inédito para México, los ciudadanos votarán el próximo mes en las primeras elecciones judiciales del país. Sin embargo, se han identificado una veintena de candidatos con antecedentes penales, acusaciones previas de corrupción o conexiones controvertidas en su historial profesional, así lo señaló el grupo de derechos civiles Defensorxs.
Uno de los aspirantes, Leopoldo Chávez, figura en la papeleta para juez federal, tras haber pasado casi seis años en una prisión de Estados Unidos por una condena relacionada con el tráfico de metanfetaminas en 2015, según información de Reuters.
En un video difundido por redes sociales, Chávez reconoció su pasado judicial y aseguró que ya cumplió su condena. “Nunca me he vendido antes ustedes como el candidato perfecto”, expresó, defendiendo su derecho a participar en la contienda.
A esta lista se suma Silvia Delgado, una abogada que, en el 2016, representó a “El Chapo” Guzmán, como parte de sus deberes profesionales. Actualmente busca convertirse en jueza penal en Chihuahua.
“No soy corrupta”, aseguró. “No te pueden quemar por haber llevado una representación”.
Por su parte, en Jalisco, Francisco Hernández también compite por una magistratura penal. Fue destituido anteriormente por el Consejo de la Judicatura Federal tras una investigación por acusaciones de abuso sexual y corrupción. Hernández negó las acusaciones, a las que calificó de infundadas.
Otro caso es el de Fernando Escamilla, en Nuevo León, quien se postula para juez penal federal y señaló a Reuters que su trabajo en casos complejos, como el que hizo asesorando a abogados de miembros del cártel de Los Zetas no debe ser usado en su contra. Escamilla sostuvo que su experiencia en temas de extradición y derecho internacional es una fortaleza, no una desventaja.
Miguel Meza, presidente de Defensorxs, señaló que los casos detectados por su organización revelan deficiencias en el proceso de verificación gubernamental de antecedentes, incluyendo requisitos como la ciudadanía por nacimiento, la licenciatura en Derecho, la buena reputación y la inexistencia de condenas graves. Además de que los aspirantes a jueces no habían sido investigados para saber si habían sido condenados en el extranjero o a quién habían representado legalmente.
Meza comentó que su organización revisó la lista de candidatos y ha identificado otros nombres problemáticos que aún no han sido publicados.
Elecciones judiciales, cada vez más cerca
A medida que se acercan las elecciones del 1 de junio, diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de jueces y legisladores han expresado preocupación por este nuevo modelo electoral, que, según críticos, podría generar vulnerabilidades en el sistema judicial.
La reforma judicial fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con el argumento de que democratizaría el acceso al poder judicial y combatiría la corrupción.
En total, alrededor de 5,000 candidatos compiten por más de 840 cargos, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A este respecto, el Observatorio Electoral Judicial (OEJ), conformado por varias organizaciones, ha alertado sobre problemas estructurales en las elecciones judiciales. Según su análisis, más de 130 aspirantes podrían obtener cargos sin competencia real, y las papeletas, por su diseño y complejidad, podrían dificultar la participación informada del electorado.
Posturas sobre la reforma
La reforma, aprobada en septiembre de 2024, fue objeto de críticas por parte del entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien expresó preocupaciones sobre sus implicaciones democráticas.
Entre los aspectos más discutidos están la reducción de 11 a 9 ministros en la SCJN, el acortamiento de los mandatos a 12 años, la eliminación del requisito de edad mínima de 35 años y la reducción de la experiencia previa requerida a cinco años. Además, se crea un tribunal disciplinario con capacidad limitada para supervisar a más de 50,000 trabajadores judiciales.
Reuters señala que la oficina de la presidenta Sheinbaum y el Poder Judicial Federal no respondieron a La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), quien compartió su inquietud sobre los posibles efectos de esta reforma en la independencia del poder judicial.
“Es peligroso esto que está sucediendo con el tema de la elección”, mencionó la directora nacional de la JUFED, Juana Fuentes, destacando el “grave riesgo” de que se involucren intereses o grupos delincuenciales al poder judicial.
En este contexto, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en funciones anunciaron que no participarían en las elecciones y que, en su lugar, presentarían su renuncia.
Rechazarían candidatos no elegibles
El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó las críticas como una campaña de desprestigio. Según él, se trata de un enfoque “clasista y racista” que busca desacreditar el proceso.
“No es importante. No es relevante”, dijo Noroña, añadiendo que las personas declaradas inelegibles podrían ser retiradas después de la votación.
A este respecto, Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), ha dejado claro que los nombres no pueden ser retirados antes de la votación. Sin embargo, El INE podrá realizar una revisión posterior a las elecciones judiciales si se presenta una queja formal contra algún candidato.
“Las pruebas deben ser muy claras”, enfatizó. No obstante, cualquier investigación relacionada con la elegibilidad de un candidato debe concluir antes del 15 de junio, fecha en la que se finalizan los resultados electorales y se oficializan los cargos, añadió.
Con información de Reuters.
Leer más:
