La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados admitió el dictamen con el que se busca reformar diversos artículos de la Constitución que eliminarían a los órganos autónomos como el IFT, la Cofece y el INAI.
En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública, que podría convertirse en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mientras que del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sus tareas pasarían a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) quedarían a cargo de la Secretaría de Economía
Otros órganos autónomos que serían eliminados son el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) —la medición de la pobreza será responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)— y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cuyas funciones quedarían en manos de la Secretaría de Educación Pública.
El dictamen también contempla la eliminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuyas facultades serían transferidas a la Secretaría de Energía, una de las decisiones más controversiales debido a las preocupaciones de empresas de Estados Unidos y Canadá en torno a la reforma energética de Sheinbaum.
Para ser aprobada, la reforma requiere de mayoría calificada, lo cual no sería un problema para el partido Morena, ya que con sus aliados cuenta con los votos necesarios. Se prevé que la iniciativa sea aprobada la próxima semana.
Derechos de los trabajadores de órganos autónomos serán respetados
El dictamen señala que los derechos laborales de los servidores públicos que actualmente trabajan en estos órganos autónomos serán respetados en su totalidad, y pasarán a formar parte de las dependencias que asuman las funciones de los organismos desaparecidos.
Asimismo, el documento detalla que los recursos obtenidos con la extinción de esos entes públicos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, mientras que los recursos materiales pasarán a formar parte de las dependencias que asumirán sus tareas.
Con información de Reforma
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