La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los organismos que más criticó el proyecto de reforma al Poder Judicial, lamentó que el Senado aprobó el cambio constitucional.
Por medio de un posicionamiento, señaló que para esta parte del sector privado es una decisión que “no refleja ni toma en cuenta los argumentos presentados por diversas organizaciones sociales, juristas, estudiantes y medios internacionales, quienes expresaron su preocupación por las graves implicaciones de esta medida”.
El organismo expuso que la sesión de ayer evidenció una tendencia preocupante de que no se escuchan todas las voces en México y la nueva realidad es “de imposiciones”.
Hemos sido testigos de un proceso atropellado que no construye una verdadera justicia para todos. Esta falta de apertura compromete no solo el presente, sino también el futuro.
La Coparmex insistió en que la incertidumbre generada por esta reforma ya es evidente en “empresas nacionales e internacionales, que han manifestado su preocupación por el riesgo de una politización en la selección de jueces, lo que podría debilitar el Estado de derecho”.
“Esto, además, afectaría proyectos clave para la economía y, por ende, para el bienestar de todos los mexicanos”.
Los indicadores económicos, aseguró la cúpula empresarial, son sensibles a cambios que afectan el equilibrio entre poderes. La pérdida de dicho equilibrio tendrá graves repercusiones en la inversión nacional e internacional, la confianza de los mercados y el desarrollo de proyectos económicos clave.
“Ningún país ha implementado una reforma judicial de este tipo con resultados satisfactorios. Las consecuencias serán permanentes”, sentenció la Coparmex.
Congresos locales, el posible freno a la reforma al Poder Judicial
La Coparmex pidió a los Congresos locales de las 32 entidades federativas a “frenar la reforma” para asegurar la estabilidad jurídica, económica y social del país.
“Hacemos un llamado para que durante el proceso de análisis, discusión y votación en los Congresos locales, se respeten los tiempos y formalidades establecidas en sus Constituciones, leyes o reglamentos internos, evitando así irregularidades como las ocurridas en los congresos de Oaxaca y Tamaulipas, donde no se cumplieron los plazos de convocatoria”.
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