Coparmex advierte riesgos en reforma antilavado para MiPyMEs mexicanas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que actualmente se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados.
En un comunicado emitido este 29 de junio, la organización empresarial reconoció la importancia de fortalecer el marco normativo contra el lavado de dinero, pero advirtió que la minuta recibida podría afectar gravemente la operación diaria de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Coparmex señaló que estas empresas representan el 99% del entramado productivo nacional y podrían enfrentar una carga económica difícil de absorber debido a las nuevas obligaciones que establece la reforma antilavado.
La reforma antilavado amplía significativamente las responsabilidades para quienes realizan actividades consideradas vulnerables. Las empresas deberán identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial, mientras que en el caso de personas morales será necesario recabar información detallada sobre los beneficiarios.
Adicionalmente, las compañías tendrán la obligación de monitorear y reportar operaciones, lo que expandirá el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La reforma también mantiene restricciones al uso de efectivo, situación que Coparmex considera no refleja la realidad del país debido a la falta de bancarización de muchos clientes.
Coparmex señala carga por nuevas inversiones
La implementación de la reforma antilavado requerirá una inversión significativa en infraestructura tecnológica y capacitación constante del personal. Las empresas también deberán contratar servicios externos para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Para muchos negocios de menor tamaño, estos costos representan una carga económica considerable. El desarrollo o adquisición de sistemas capaces de identificar operaciones que no se ajusten al perfil transaccional y generar avisos en los formatos requeridos por la autoridad demanda recursos que no están al alcance de todas las empresas.
Multas millonarias y responsabilidad penal automática
Las sanciones económicas establecidas en la reforma antilavado podrían alcanzar más de 7.3 millones de pesos, o incluso montos equivalentes al 100% de la operación fiscalizada. Coparmex alertó que la eliminación del requisito de demostrar dolo en algunos casos abre la posibilidad de responsabilidades penales automáticas.
La organización empresarial considera que estas medidas punitivas, combinadas con las nuevas obligaciones operativas, podrían fomentar la informalidad o provocar el cierre de negocios legítimamente constituidos.
Coparmex hizo un llamado a los legisladores de la Cámara de Diputados para considerar el diálogo, la evidencia y la responsabilidad durante el análisis de la reforma antilavado. La confederación propone implementar un modelo proporcional, escalonado y con incentivos que facilite el cumplimiento, especialmente para las MiPyMEs.
“Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad empresarial”, señaló la organización en su comunicado. Coparmex enfatizó que México requiere instituciones sólidas, normas efectivas y una regulación inteligente que no frene el desarrollo productivo ni castigue a quienes generan empleo.
La confederación advirtió que muchas unidades económicas registradas como actividades vulnerables aún no cumplen totalmente con la LFPIORPI actual, por lo que la nueva propuesta, lejos de mejorar el cumplimiento, podría generar efectos contraproducentes en el sector empresarial formal.
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