Ley antiextorsión reaviva temores por vigilancia y uso de datos personales
La Cámara de Diputados recibió esta semana la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, una propuesta que busca tipificar este delito como grave, pero que también ha despertado preocupación entre especialistas por incluir disposiciones similares a las de la llamada “ley espía”.
El documento incorpora elementos presentes en la Ley Federal de Telecomunicaciones y en reformas previas al Código Fiscal de la Federación, lo que implicaría un mayor acceso del Estado a información personal y digital.
En entrevista con EL CEO, Juan Manuel Casanueva, director y cofundador de la organización de seguridad digital SocialTIC, advirtió sobre los riesgos que implica la concentración de información en manos del gobierno y el uso que pueda darle.
Concentrar tantos datos tan detallados de las personas —de quiénes somos y qué hacemos— es muy riesgoso. Hay que recordar que la Ley de Telecomunicaciones ya permite identificar la geolocalización de nuestros dispositivos y la actividad de nuestras líneas telefónicas
señaló Casanueva.
El especialista advirtió que el problema no solo radica en el volumen de información que el gobierno podría recopilar, sino también en el uso que las autoridades puedan darle sin límites claros establecidos en la ley.
Acceder a datos de víctimas
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa refiere a que, aunque tipifica la extorsión como delito grave, otorga a las autoridades facultades para acceder a líneas telefónicas, mensajes de texto, cuentas de redes sociales y otros medios digitales de las víctimas, siempre con una orden judicial, con el argumento de comprobar si se utilizaron sin su consentimiento.
Sin embargo, Casanueva considera que esto puede revictimizar a personas afectadas por suplantación de identidad o robo de cuentas.
El mayor riesgo es que se puede incriminar a personas que en realidad fueron víctimas de un robo de cuentas. Hay muchos casos de robos de cuentas de WhatsApp usadas para extorsionar; con esta ley, la persona afectada podría ser la primera en ser señalada por el delito de extorsión
dijo.
Esto contrasta con otros apartados de la misma ley que establecen la obligación de proteger los datos personales de las víctimas y evitar su exposición pública.
Ley antiextorsión estipula prisión preventiva oficiosa
Además, la iniciativa permite que el delito sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia formal, si las autoridades tienen indicios de que se cometió.
La propuesta también incluye modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, agregando la extorsión a la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (PPO), junto con el comercio de precursores químicos y el contrabando de comprobantes fiscales falsos.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, el delito de extorsión se castigará con penas de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Nuevo Centro de Atención contra Extorsión
La iniciativa presidencial también propone que se constituya un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, para recibir denuncias y darles seguimiento, incluso si el delito se investiga sin necesidad de que se presente una.
Este nuevo centro estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que dirige Omar García Harfuch, e irá de la mano de una estrategia para prevenir y combatir la extorsión a nivel nacional, que la misma ley propone.
La nueva institución, además, hará propuestas a las políticas, lineamientos y programas para que haya participación ciudadana al respecto y vinculación con organizaciones.
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