Con 347 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular de lo no reservado, la reforma que presentó en febrero de este año el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para eliminar siete órganos autónomos clave en la estructura administrativa del país.
Los entes que desaparecerán son: el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
De acuerdo con el proyecto presentado, estos órganos autónomos serán absorbidos por distintas dependencias federales.
Los legisladores a favor de la reforma argumentaron que la eliminación de estos órganos responde a la necesidad de optimizar los recursos públicos y simplificar la estructura gubernamental.
Por ejemplo, la diputada Olga Sánchez Cordero, de Morena, explicó que el objetivo es mejorar la eficiencia de las instituciones, reducir los costos para el erario y fortalecer las funciones de los organismos que sobrevivirán, sin que su desempeño se vea afectado.
Según la exsecretaria de Gobernación, el diseño institucional del país debe regresar a un equilibrio entre la libertad comercial y el ejercicio de soberanía, una idea que refleja la visión del gobierno federal de hacer más con menos.
Se plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público y representa la posibilidad de que el diseño institucional del país regrese al equilibrio entre libertad comercial y ejercicio de soberanía,
dijo.
Por su parte, la diputada Liliana Carbajal Méndez, del Partido Verde Ecologista (PVEM), destacó que la reforma busca racionalizar el gasto público y garantizar que los recursos se destinen de manera más eficiente a las áreas que realmente lo necesitan.
“Con ese enfoque y profesionalismo, se asegurará que las funciones se desempeñen de forma eficiente”, aseguró.
Desde el Partido del Trabajo (PT), la diputada Irma Yordana Garay afirmó que la reforma es un paso hacia una gestión más ágil y menos costosa, destacando que no se trata de debilitar a las instituciones autónomas, sino de fortalecer al gobierno a través de un modelo de administración más eficiente.
Los detractores: la transparencia y los derechos en riesgo con la eliminación de los órganos autónomos
Sin embargo, el bloque opositor de la Cámara de Diputados, mostró su rechazo a la reforma, argumentando que la eliminación de estos órganos no solo representa un retroceso en términos de eficiencia y transparencia, sino también en la protección de los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia.
Al respecto, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el gasto de los organismos autónomos no representa ni el 1% del presupuesto federal, subrayando que instancias como el INAI le cuestan a los mexicanos apenas seis pesos anuales.
Su labor es crucial para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno,
dijo.
Luna Ayala advirtió que esta reforma podría llevar al fortalecimiento del poder central, eliminando la independencia que garantiza la imparcialidad de los órganos reguladores.
Además, subrayó los riesgos de regresar a escenarios de monopolios en áreas clave como las telecomunicaciones y la competencia económica.
Por su parte, la diputada Nadia Navarro Acevedo, del PRI, acusó a la reforma de fomentar la opacidad y de poner en peligro la competencia técnica de los organismos, lo que implicaría poner en riesgo al T-MEC.
En un tono similar, la diputada Irais Virginia Reyes De la Torre, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como un atentado contra la democracia y los derechos de la población.
Reyes De la Torre argumentó que los organismos autónomos son contrapesos fundamentales para garantizar la protección de los derechos humanos y que la desaparición de estos entes representa una regresión autoritaria. “Este es un ataque a la autonomía del Estado y a la democracia”, afirmó.
Riesgo de inversión
Los posicionamientos de la oposición van en línea con el último estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de que por la eliminación del órganos autónomos existe el riesgo de erosionar el clima de inversión y la certeza para las empresas.
Además, la eliminación de los órganos puede resultar en el incumplimiento de las obligaciones comerciales de México. Específicamente está el capítulo 18 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial, y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector.
Asimismo, el capítulo 21 determina la obligación de contar con una autoridad de competencia responsable de la aplicación de la ley y dar trato no menos favorable a personas de los países miembros.
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