14 de diciembre 2018 | 3:11 pm

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Sin duda, uno de los temas más polémicos para cerrar el año y arrancar 2019 es la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para derogar la reforma educativa -aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto-.

La reforma educativa fue la primera modificación constitucional que impulsó la administración anterior como parte de un paquete de 11 reformas estructurales que se desarrollaron en diferentes materias. Aquí te contamos sobre el futuro incierto de los más de 40,000 millones de pesos que se invirtieron en la reforma educativa.

Aprobada en febrero de 2013 -como resultado del Pacto por México-, consistió en la modificación de los artículos 3°, 31° y 72° de la Constitución, de las que derivaron la Ley del Servicio Profesional Docente, modificaciones a la Ley General de Educación y la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La hipótesis de la reforma es que se pensó que para mejorar la “calidad educativa” era menester empezar por evaluar a los maestros, por lo que en las modificaciones se plasmó como obligación de los docentes la evaluación de desempeño como mecanismo para el ingreso, la permanencia y  la promoción.

Docentes, tanto del movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en más de una ocasión mostraron su rechazo por considerar que las evaluaciones eran violatorias de sus derechos laborales.

Durante su periodo de campaña, López Obrador prometió al gremio magisterial –el más grande de América Latina— echar abajo todo el paquete de modificaciones y revalorizar la figura del maestro que, según dijo, la reforma había golpeado.

Una revisión a la iniciativa del presidente de México presentada en el Congreso de la Unión muestra los tres puntos clave:

El fin del INEE

Como primer punto se plantea la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) -encargado desde 2014 del Sistema Nacional de Evaluación-, para dar paso a un Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio.

A diferencia del organismo autónomo que era el INEE, el nuevo contará únicamente con autonomía técnica, pues los siete miembros de su Consejo Directivo serán designados por el presidente de México.

Según la iniciativa se cambia el término “evaluar” por “certificar”, tarea de la que estará a cargo el nuevo Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio, además se pone énfasis en la “formación y mejora del magisterio”, procedimiento cuyas directrices hasta ahora se desconocen, pues serán determinadas en una legislación secundaria.

Participación de padres de familia

Como parte del nuevo Centro Nacional para la Revaloración del Magisterio, se prevé la figura de un Consejo Consultivo, que estará conformado por “distinguidos docentes”, padres de familia, sociedad civil e investigadores.

Sin embargo, según se lee en la iniciativa de López Obrador, éste tendrá un papel secundario pues coadyuvará con “asesorías” que no son vinculantes y únicamente actuará en las cuestiones que el Consejo determine.

Carrera profesional docente

Se plasma como vía para “revalorizar” a los maestros un “Servicio de Carrera Profesional del Magisterio” que incidirá tanto en elevar los ingresos y prestaciones de los docentes y la calidad educativa.

El nombre y la propuesta –a simple vista, como se plasma- coincide con el antiguo sistema de promoción para los maestros denominado “Carrera Magisterial”, programa que desde 1992 ofrecía estímulos salariales a los docentes para actualización y mejora profesional; duramente señalada por fomentar prácticas de corrupción.

El contenido de este punto también queda relegado a la emisión de una legislación secundaria.

Otras propuestas

Entre el resto de modificaciones, también destaca que se establece con carácter de “obligatorio” de la educación media superior y la superior –cualidad que sólo tenía la educación básica, de preeescolar a secundaria—.

Se señala como de “atención prioritaria” el fortalecimiento de las escuelas normales y de instituciones de educación superior, además se insiste en una política pública enfocada en el mayor ingreso a las universidades.

Aquí te explicamos la complicación a la que se podría enfrentar López Obrador en su proyecto de construir 100 nuevas universidades.

En cuanto a contenido, se propone que los planes de estudio de la educación básica incluyan conocimientos de historia, geografía, cultura y las lenguas originarias del país, así como artes y el respeto al medio ambiente, civismo, y que en general se fomente “el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, una cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Además se pone énfasis en una “política educativa incluyente”, adecuada a la diversidad cultural y étnica, por lo que se propone que se imparta educación bilingüe y bicultural en las zonas con población indígena.

En las escuelas de educación básica en zonas vulnerables se implementaran acciones de carácter alimentario y se respaldarán a los estudiantes en condiciones de desventaja socioeconómica, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y de carácter transversal.

Finalmente, se resalta la “responsabilidad” de padres de familia y de tutores de que los menores acudan a la escuela, asimismo que se promueva y fortalezca la  investigación científica y tecnológica que se realice en el país.