El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se resiste a recurrir al endeudamiento público para solventar el deterioro económico, ocasionado por la pandemia de coronavirus.
Detrás de este planteamiento se esconde el dilema de romper una de las principales propuestas de campaña del presidente, la cual reafirmó durante su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018.
La estrategia del primer mandatario para atender la inminente crisis financiera que se agrava a nivel nacional no incluye “las recetas que se aplicaban en épocas de crisis”, según ha dicho públicamente en varias ocasiones.
De acuerdo con López Obrador, su administración no necesita capitalización nacional ni extranjera proveniente del sector privado, ya que cuenta con dinero para reactivar la economía durante y después de la epidemia.
“Antes siempre se recurría a deuda a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) (…) nosotros, afortunadamente, no tenemos necesidad de hacerlo porque tenemos recursos, tenemos ahorros”, explicó en la conferencia matutina del 24 de marzo.
La política de no más endeudamiento va en línea con la propuesta económica que anunció desde el comienzo del sexenio. Romper la promesa sagrada representaría para el presidente un duro golpe a su base de electores, a quienes suele dirigirse en sus discursos más importantes.
El día que asumió la presidencia también prometió no subir impuestos ni elevar deliberadamente el nivel de endeudamiento, situado en 11.23 billones de pesos netos, según el reporte de Hacienda sobre las finanzas públicas de febrero de 2020.
Sin embargo, la negativa por adquirir nuevos compromisos crediticios también obedece al intento por diferenciarse de las administraciones pasadas de López Obrador, según expertos en temas económicos y políticos.
Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que el mandatario intenta evitar los “fantasmas del endeudamiento” de las décadas de 1970 y 1980.
En cambio, Alejandro Álvarez Béjar, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que con esta medida busca diferenciarse de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, su rival más asiduo desde las elecciones de 2006, quien elevó 168% la deuda en su sexenio.
“López Obrador quiere evitar caer en las políticas de deuda del pasado, pero dudo mucho que lo pueda conseguir. En algún momento tendrá que recurrir a la deuda”, dice Álvarez Béjar.
Callejón con pocas salidas
Los tres sexenios pasados son un referente importante del incremento de la deuda pública mexicana.
De acuerdo con cifras de la Presidencia, entre los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se incrementó la deuda pública -interna y externa- hasta los 10 billones de pesos.
Un nuevo crecimiento del endeudamiento elevaría en consecuencia también los compromisos financieros del gobierno, que actualmente rondan el 25% del presupuesto nacional, según Álvarez Béjar.
Sin embargo, sin liquidez para revivir las actividades productivas en el país en los próximos meses, la administración se dirige a un rotundo fracaso económico, lamenta Héctor Villarreal del CIEP.
Inclusive Morena, el partido político fundado por López Obrador, publicó su Acuerdo de unidad y solidaridad nacional, en el que pide no descartar el uso de alguno de los instrumentos de rescate financiero del FMI.
Pese a que la sugerencia viene desde su propia organización política, los especialistas creen que el presidente mantendrá su postura hasta las últimas consecuencias.
“Ante esta postura, lo único que le queda al gobierno federal es reforzar medidas contra la fuga de capitales”, de acuerdo con Álvarez Béjar. Según la Reserva Federal de Estados Unidos esta cifra tuvo un valor de 76,166 millones de dólares en enero.
Ante el miedo del derrumbe financiero por la pandemia que afecta a más de 180 naciones, algunos gobiernos recurrieron al FMI.
Colombia, por ejemplo, solicitó un crédito por 11,000 millones de dólares para garantizar liquidez financiera en caso de ser necesario, informó el ministerio de Hacienda en Bogotá el miércoles.
Irán, uno de los países más afectados por el Covid-19 pidió a mediados de marzo un préstamo a través de su Banco Central, una medida que no se implementa en el país desde 1962, según reportes internacionales.
Honduras, por otra parte, tendrá acceso a un crédito de 143 millones de dólares.
Incluso Venezuela solicitó también un préstamo, pero que le fue negado por la organización dirigida por Kristalina Georgieva al no ser Nicolás Maduro reconocido como jefe de Estado por la mayoría de los países.
El FMI informó que dispone de un fondo de un billón de dólares para los países que soliciten apoyo financiero.
