Las únicas referencias que tengo sobre Bad Bunny corren a cargo del adolescente que tenemos en casa (quien se decanta peligrosamente hacia el reggaetón) y por el escándalo que opacó el primero de sus conciertos en la Ciudad de México por la clonación y falsificación de boletos a un nivel nunca antes visto.
Por lo que pudimos atestiguar en redes sociales, el cierre de la gira mundial del referido Bad Bunny, terminó por transformarse en una crisis reputacional y legal para Ticketmaster y en una pesadilla para sus fanáticos cuando, no obstante que se tenía anunciado un sold out, buena parte del Estadio Azteca lucía vacío a unos minutos de la hora asignada para que comenzara el perreo fino, mientras que, al exterior, miles de personas intentaban ingresar en medio del caos generado por la boletera y que pudo terminar una tragedia cuando vimos que, estúpidamente, personal de Ticketmaster confrontó a los asistentes que reclamaban una solución, que policías rompían los boletos que creían que eran falsos y que personal del Estadio Azteca ordenó cerrar los accesos.
Efectivamente, debemos estar agradecidos de que existiendo los elementos para que la conversación fuese sobre una tragedia, tan solo estamos debatiendo sobre la falta de ética corporativa de Ticketmaster, su incapacidad para reaccionar ante una crisis, la muy probable colusión de algunos de sus empleados en la clonación de boletos, las acciones colectivas que seguramente presentarán los afectados y las sanciones administrativas por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que podrían ser el reembolso del monto del boleto y una compensación no menor al 20% para los clientes que no pudieron acceder al evento más una posible multa que podría llegar al 10% de las ventas de Ticketmaster correspondientes al año pasado.
Obvio, la multa podría ser combatida en tribunales por Ticketmaster, por lo que el equipo de Ricardo Scheffield deberá ser muy cuidadoso si es que deciden dar este paso.
Sin embargo, es necesario preguntarle a los afectados si bastará con que se les regrese el dinero más el 20% prometido por la Profeco, ya que cada uno de los casos debería analizarse de manera individual. Dicho en otras palabras, el resarcimiento del daño no necesariamente ha sido calculado correctamente y puede ir más allá de la devolución del dinero.
Supongamos que una señora radicada en Tijuana ahorró, con mucho esfuerzo y por más de un año, para comprar un boleto para ella y otro para su hija por un total de 1,320 pesos (el costo de los boletos más baratos), pero para poder asistir al concierto tuvo que comprar dos boletos de avión, dos noches de hotel y comida, ¿con los 1,584 que le regresaría Ticketmaster se resarciría el gasto? ¿qué hay de la decepción de la hija? ¿qué hay de la angustia de la madre?
No creo que en todos los casos esto se pueda arreglar exclusivamente con dinero pero, como en México el concepto de daño moral es tan ambiguo, tendríamos que enfocarnos a eso, al “cochino dinero”, en palabras de Pedro Infante.
Aunque el 12 de diciembre Ticketmaster publicó un tweet mediante el cual señaló que están colaborando con la PROFECO y que el problema estuvo vinculado a boletos falsos, pero nunca clonados, dejó muchas preguntas en el aire:
Información importante con respecto al concierto de @sanbenito (#BadBunny) en el @EstadioAzteca 👇 pic.twitter.com/LCmp5L1fvo
— Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) December 12, 2022
¿Con una disculpa genérica por medio de redes sociales y la devolución del dinero se repara una noche de gritos, insultos, incertidumbre y decepción?
¿Así es cómo se debe conducir una empresa ética?
¿No merece una sanción ejemplar?
¿No es necesaria una investigación profunda al interior para que los afectados sepan qué fue lo que ocurrió?
¿Hay una red de empleados que clonan o falsifican boletos?
La crisis reputacional y legal que está viviendo Ticketmaster puede ir todavía más allá, ya que varios legisladores han anunciado que presentarán proyectos de ley para regular con mayor severidad a las empresas de venta de boletos y muchos ojos ya voltearon hacia la Comisión Federal de Competencia Económica.
Con independencia de los diputados que, en medio de su ignorancia, pretenden hacer comparecer a los directivos de la empresa, hay ideas que ya han sido presentadas para buscar regular el comportamiento ético para todas las empresas, como fue el caso del proyecto del senador Germán Martínez (que tanto he criticado) para la promulgación de una Ley de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa.
Aunque ese proyecto de ley nunca fue sometido a discusión y posee no pocos errores, haciéndose los ajustes correctos podría traer a la mesa la posibilidad de sancionar a las empresas en el caso de que cometan violaciones graves, por ejemplo, a los derechos humanos, con la clausura de sus establecimientos, con la prohibición para realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en la violación de los derechos humanos y/o hasta la disolución.
La crisis reputacional y legal en la que se metió Ticketmaster es una muestra de que el consumidor en México necesita herramientas que vayan más allá de la Profeco para hacer responsables a las empresas.
