7 de febrero 2020 | 5:00 am

Ante todo relájese, sus datos biométricos como el iris, huellas dactilares, reconocimiento facial, de firma y de voz, entre otros, ya están en poder de los bancos y de diferentes dependencias gubernamentales con su autorización.

¿Ya olvidó que al tramitar su certificado de e.firma (antes firma electrónica) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le escanearon el iris?

¿Recuerda que al sacar su pasaporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso sus dedos en un scanner?

¿No tiene presente que su banco grabó su huella de voz para garantizar la seguridad de sus transacciones telefónicas?

¿O de la huella que usa para desbloquear el teléfono celular?

Así es, los bancos, el SAT, la SRE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya tienen buena parte de sus datos biométricos sin contar los que usted ya entregó en redes sociales y aplicaciones para averiguar a qué celebridad se parece.

¿No lo he convencido todavía? Bueno, le pido que considere el mantra de los laboratorios de tecnología: la información está allá afuera. Tan solo imagine que he tenido la oportunidad de analizar el funcionamiento de software de reconocimiento facial que es capaz de determinar el género, la edad y el estado de ánimo en tiempo real de la persona que está frente a la cámara. Si, yo también me asusté.

Pero regresemos a los malvados bancos; desde 2018 comenzó a correr el plazo para que los bancos (y ninguna otra institución financiera) tengan montada la estructura necesaria para poder obtener de sus clientes sus huellas digitales; plazo que justamente vence en 2020.

Así las cosas, el proceso para que lo bancos recopilen esas huellas establece que será por medio de un empleado debidamente autorizado quien, en la sucursal donde se tenga aperturada la cuenta, se encargará de verificar la identidad del cliente y que sus huellas coincidan con la base de datos del INE (hace ya varios años que el INE y la Asociación de Bancos de México tienen un convenio de colaboración para este proceso de validación) y deberá informar al cliente sobre el nuevo aviso de privacidad.

Hasta donde entiendo este será un proceso relativamente sencillo, pero de un profundo impacto, ya que eventualmente sus huellas serán el único medio de autentificación de los clientes y, en el supuesto de que no se quiera cumplir con esto (alegando que sus datos biométricos son solo suyos), se deberá firmar una carta responsiva en la que deslinde al banco de todo reclamo futuro; salvedad expresa para aquellas personas que tengan algún tipo de lesión, mutilación o situación que impida que las huellas sean tomadas.

Claro que esta obligación permitirá a los bancos, con todas las medidas de seguridad de rigor, a generar su propia base de datos de huellas dactilares que, junto con la voz, formarán parte el expediente de identificación de sus clientes y esto no debe preocuparnos ya que no obstante los casos de ataques cibernéticos de 2018 y 2019, los bancos han fortalecido sus medidas de ciberseguridad y fue creado el Grupo de Respuesta a Incidentes conformado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Banco de México, la Comisión de Defensa de los Usuarios del Sistema Financiero y la entonces Procuraduría General de la República.

Así que relájese, ya que no obstante que la Asociación Mexicana de Venta Online publicó en su Estudio sobre Métodos de Pago y Fraudes 2019 que el 34% de los compradores en México ha sido víctima de algún tipo de fraude electrónico por lo menos una vez en el último año, el nuevo sistema bancario que nos prometieron los futurólogos como Alvin Toffler hace cosa de unos 20 años ya es una realidad (sobre todo con la llegada del mundo Fintech) y quienes todavía llegamos a pararnos en una sucursal para cambiar un cheque, debemos hacernos a la idea de que muy pronto nuestro cuerpo se convertirá en un ‘wearable bancario’.

Sin embargo, nada de esto aplica para la absurda pretensión de Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, de tener acceso a toda esta información biométrica sin otra justificación que no sea la de crear una innecesaria cartilla de identidad la cual, a diferencia de los candados de seguridad para los bancos, no me garantiza que pueda llegar a ser usada con fines políticos.

Las teorías de la conspiración a veces son útiles.

*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia

Este texto es un blog de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.