Las sombras de AlquimiaPay: el conflicto con Ignacio del Valle y el operador misterioso
Mientras AlquimiaPay arrastra una serie de denuncias y una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), su fundador, Sergio Loredo Foyo, enfrenta una batalla en el terreno legal hasta ahora poco conocida con Ignacio del Valle, sobrino del empresario Antonio del Valle Ruiz.
Resulta que el dueño de AlquimiaPay invirtió capital en Coltomoney, propiedad de Ignacio del Valle, la cual recibió autorización para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) en 2021. El plan era que, a través de dicha inyección de recursos, Loredo Foyo pudiera hacerse con la licencia fintech que le fue negada a AlquimiaPay.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bloqueó la operación, y finalmente quedó en el limbo luego de que en 2024 AlquimiaPay informó a clientes que su infraestructura tecnológica sufrió un ataque cibernético, causando un desfalco calculado en 800 millones de pesos.
El conflicto de Sergio Loredo –quien dejó México tras el escándalo— con Ignacio del Valle, ya escaló a nivel jurídico, complicando la venta de Coltomoney al empresario Mauricio Villamisil, quien presentó una oferta de compra, y que ha adquirido diversas empresas constituidas por Loredo Foyo en el pasado.
La relación entre AlquimiaPay y Coltomoney
Cuando Loredo Foyo quiso hacerse con el control de Coltomoney, acomodó a su gente en puestos clave en la firma. Desde hace algunos meses, un nuevo equipo de compliance de la fintech de Ignacio del Valle ha implementado una ‘operación limpieza’, ya que algunas cuentas que se abrieron en el pasado no cumplían con los estándares de prevención de lavado de dinero.
Aún peor, uno de los operadores del desfalco de AlquimiaPay continúa abriendo cuentas en dicha institución, así como otras sociedades vinculadas a Loredo Foyo, como Inteligencia Más y la Sofom, RAMI.
Hablamos puntualmente de Fernando Monroy Salas, quien tanto en AlquimiaPay como en Coltomoney empleó un esquema que utiliza subcuentas difíciles de rastrear, muchas de las cuales han encendido las alertas del equipo legal de Ignacio del Valle.
Y hay más…
Nos enteramos que Visa y ATM (participante directo del SPEI) solicitaron información sobre las cuentas abiertas en AlquimiaPay, entre las que aparecen nombres de políticos de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN).
Y mientras AlquimiaPay continúa en pie gracias a un recurso legal que interpuso en juzgados, y a pesar que venció el plazo para operar al amparo del octavo transitorio bajo la llamada Ley Fintech, Sergio Loredo Foyo está tratando de cerrar convenios a marchas forzadas con dichos clientes.
Todo esto en el limbo jurídico, pues no es una fintech autorizada, pero se sigue vendiendo como tal. Sin que hasta el momento la CNBV, que preside Jesús de la Fuente Rodríguez, o la Condusef, presidida por Oscar Rosado Jiménez, intervengan. Y pese a las denuncias de afectados que no han podido disponer de sus recursos.
ISSSTE da multimillonarios contratos de limpieza y desinfección
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se ha visto envuelto en una polémica millonaria tras asignar más de 2,000 millones de pesos (mdp) a contratos de limpieza y desinfección. El Instituto adjudicó 1,000 mdp a la empresa Ocram Seyer–Wilk, a pesar de haber presentado una propuesta económica menos competitiva y con una calificación técnica inferior frente a sus rivales.
La Secretaría Anticorrupción, a través del Órgano Interno de Control (OIC), calificó como “ilegal” la adjudicación de uno de los contratos por 770 millones de pesos, debido a que se comprometieron recursos públicos de forma indebida. A pesar de las advertencias, el ISSSTE desestimó las observaciones y justificó su decisión alegando que las propuestas más económicas eran “anormalmente bajas” e “insolventes”, argumentos no contemplados en las bases del concurso y en contravención del artículo 52 del reglamento aplicable.
Además, el testigo social Jorge Javier Jiménez Alcaraz señaló el proceso por falta de transparencia, al calificarlo de “opaco” y favorecedor hacia la empresa adjudicada. Sin embargo, dichas observaciones fueron ignoradas por las áreas responsables del ISSSTE. La reposición del fallo, ordenada en junio, no resolvió las irregularidades: nuevamente se rechazaron las propuestas más económicas bajo los mismos argumentos cuestionados.
Daño al erario…
Como resultado de estas decisiones, el ISSSTE ha generado un sobrecosto de 48 millones de pesos en solo seis meses, con la posibilidad de que la cifra se eleve a casi 100 millones al finalizar el año. Esta situación no solo representa un probable daño patrimonial al erario público, sino que contradice abiertamente los principios de austeridad que el gobierno federal ha promovido.
En medio de este escándalo, el ISSSTE se enfrenta a un nuevo “Incidente de Proceso” que deberá ser resuelto nuevamente por el Órgano Interno de Control. Mientras tanto, persisten los cuestionamientos sobre la legalidad, ética y eficacia de los procedimientos de contratación pública en una institución clave para los derechos sociales de millones de mexicanos.
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