Era el año 2014 y una historia que ya entonces era vieja estaba volviendo a repetirse.
De la noche a la mañana la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocaba la licencia para operar a FICREA Servicios Financieros, dejando al garete a miles de ahorradores de la que hasta ese momento había sido un ejemplo de éxito entre las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
Casi inmediatamente, el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Prosofipo) anunció que NO contaba con los recursos necesarios para pagar por completo el seguro de depósito, equivalente a 25,000 Unidades de Inversión, al que cada depositante tenía derecho.
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Este fue el inicio de un tortuoso proceso que continúa hasta el día de hoy, y en el que, tras muchas movilizaciones y cortes a la circulación vial, los defraudados lograron que la Secretaría de Hacienda fondeara con 660 millones de pesos adicionales a Prosofipo, para de esa manera poder indemnizar a los sobrevivientes por la cantidad asegurada.
Y digo a los sobrevivientes porque el proceso fue tan tardado que al menos 400 de los afectados, mayormente personas de la tercera edad, murieron antes de poder recuperar al menos una mínima parte los ahorros de toda una vida.
¿Se repetirá la historia de Ficrea?
Esta historia cobra relevancia porque ocho años después de la tragedia de FICREA, Prosofipo ha vuelto a caer en insolvencia, esta vez por la quiebra de Operadora Reforma, una pequeña sofipo con sede en Guanajuato que no llega a los 3,500 ahorradores. Menos de la mitad de los afectados en 2014, y aún así, los recursos del Fondo de Protección apenas alcanzaron para cubrir el 60% de seguro.
Y si para pagarle a esos pocos no alcanzó el dinero, ¿qué van a hacer cuando acabe de tronar la Caja de la Sierra Gorda? Porque esta última sofipo tiene 18,334 clientes activos y ya ha sido señalada como una entidad con serios riesgos de incumplimiento, debido a su baja capitalización y al impacto que tuvo la pandemia sobre su modelo de negocio.
Una muestra más de que las autoridades tienen que empezar a ejercer en serio su rol de reguladores, o si eso es mucho pedir, deben capitalizar a Prosofipo en la medida justa para garantizar el pago del seguro a por lo menos 20,000 ahorradores que tienen su patrimonio en riesgo.
A semejanza de su hermano grande, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), este fondo de protección es un elemento clave para estabilidad del sector financiero, y muy especialmente para jugadores mucho más grandes y conocidos en el mercado, como las también Sofipos de Supertasas (Crediclub), Kubo Financiero o Financiera Sustentable (FINSUS).
Afortunadamente esta última es dirigida por Patricia Armendáriz, diputada federal (plurinominal) por el Movimiento de Regeneración Nacional y acompañante frecuente del presidente López Obrador en eventos en los que el mandatario busca mostrar su respaldo entre los empresarios.
Ojalá y pudiera aprovechar alguna de las frecuentes cenas en Palacio Nacional para rememorar la terrible historia de la quiebra de FICREA y el despojo que significó para miles de mexicanos.
De esa manera, el presidente podría mover su graciosa mano e impedir una tragedia que, en el caso de los ahorradores de Operadora Reforma y la Caja de la Sierra Gorda, está a punto de repetirse.
