Las leyes secundarias de la reforma energética están empezando a tomar forma. Aunque falta su discusión en el Legislativo, hay un nombre que se repite en las conversaciones dentro del sector energético: Walter Julián Ángel Jiménez, el actual comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para dar el salto a la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Walter Julián se ha caracterizado por su postura en favor de la energía como un derecho fundamental, retórica que parece alinearse con la visión de la soberanía energética de la 4T y el rechazo a los intereses privados que, en muchas ocasiones, han sido señalados como “responsables de los precios elevados”.
Su gestión en la CRE se ha caracterizado por defender la idea de que el sector privado no debe tener un papel dominante ni menoscabar los derechos de los consumidores. Sin embargo, también ha mantenido una relación cercana con la iniciativa privada, especialmente con sectores como el de los gasolineros.
Además, su presencia en eventos de la Onexpo y otros foros empresariales, donde se han discutido temas de gran interés para el sector privado, refleja una postura más matizada. Esta doble faceta de su figura ha generado debate: ¿es Walter Julián un aliado de la 4T, o su cercanía con la IP podría generar fricciones dentro de un gobierno que ha mostrado reservas hacia ciertos actores del mercado?
Después del enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y la Profeco contra los gasolineros, especialmente por el aumento en los precios de los combustibles, surge la pregunta de cómo se posicionará Walter Julián si efectivamente da el salto a la CNE.
Sin apoyos del Gobierno de la CDMX
Hace unas semanas, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México se vio envuelta en un grave acontecimiento, luego de que uno de sus trabajadores, contratado a través de un esquema de outsourcing, fuera señalado como presunto responsable del homicidio de un chofer de la Ruta 28.
El hecho ocurrió tras un percance automovilístico, cuando el trabajador en funciones agredió a golpes al conductor frente a los pasajeros de la combi.
El hijo de la víctima, José Rubén Peña Salgado, compartió con EL CEO que el proceso legal sigue en curso, aunque se ha visto mermado por la falta de apoyo oportuno de las autoridades locales, particularmente del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada.
Jonathan G., el acusado, ha sido sometido a diversas audiencias, en las cuales se ha puesto en discusión tanto las pruebas presentadas como la versión de los hechos.
Aunque el Ministerio Público ha mostrado disposición en algunos aspectos, el tiempo requerido para reunir las pruebas necesarias y la falta de claridad sobre el tipo de acusación final (homicidio simple o calificado) han provocado un sentimiento de frustración en la familia, quienes esperan una respuesta más ágil y eficaz por parte de las autoridades.
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