Operadora de Servicios Mega, que alguna vez fue la financiera favorita del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, finalmente cayó en default crediticio y recurrió a la protección de su negocio en jurisdicción estadounidense.
En 2020, la financiera propiedad de Guillermo Romo colocó un bono de 352 millones de dólares en los mercados internacionales que venció el pasado 11 de febrero, y que la empresa no pudo cubrir debido a que no cuenta con liquidez para refinanciar sus pasivos.
Un día antes del incumplimiento, Mega avisó al mercado que obtuvo la aprobación de un Tribunal de Quiebras de Estados Unidos a una solicitud de protección bajo el Capítulo 15, con lo que iniciará lo que se estima será un largo y arduo proceso de reestructura.
Desde hace meses, la financiera asentada en Jalisco había presentado a sus acreedores un esquema de reestructura a través de su subsidiaria Mega Newco Limited, tanto en EU como en Reino Unido, que finalmente obtuvo luz verde por parte de las autoridades en ambas jurisdicciones.
Mega vivió su mejor momento durante la administración de Enrique Alfaro, periodo en el que convirtió al gobierno del estado en su cliente más importante. En 2019, el gobernador emeceista otorgó a la empresa un contrato por 3,634 millones de pesos destinado al fallido programa “A toda máquina”.
Mega, en la mira de institucionales y la CNBV
Algunos tenedores de los certificados de Mega –entre estos afores– anticipan un escenario catastrófico para la financiera; incluso, temen que sus activos prácticamente ya no tienen valor alguno.
No es poca cosa, pues esto implica que los inversionistas institucionales que apostaron por la compañía no esperan recuperar su dinero, causando un daño irreversible para los ahorradores.
Al mismo tiempo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este lunes una amonestación contra Operadora de Servicios Mega, debido a que en 2020 la empresa “omitió proporcionar información sobre alta de créditos a cargo de entidades financieras”.
Una sanción que se suma a una serie de multas que el regulador financiero impuso a la empresa entre 2022 y 2024, y que rebasan 1.2 millones de pesos, principalmente por “incumplir con las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita”.
Crédito Real también solicita el Capítulo 15
Hace unos días, Crédito Real, otra financiera que cayó en default a inicios de 2022, avisó que solicitó la protección bajo el Capítulo 15 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware de los Estados Unidos.
Con esta estrategia, la empresa buscará el reconocimiento del procedimiento de concurso mercantil del que salió en agosto de 2024, y que el convenio concursal aprobado por el Juzgado cobre plena vigencia y efecto en Estados Unidos.
Crédito Real enfrenta batallas por otros frentes. Un grupo de accionistas continúa a las espera la resolución sobre un recurso de apelación en contra de la liquidación de la empresa en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, proceso que, según fuentes cercanas, no es probable que se desahogue pronto.
La novela de la IFNBs continúa vigente…
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