Andrés Lajous, quien comenzó su carrera como titular de la Secretaría de Movilidad de Claudia Sheinbaum en la CDMX, está a punto de convertirse en el ‘Lord’ de los trenes de pasajeros: con un presupuesto histórico y un recientemente planeado poder para “hacer y deshacer”.
Lajous, uno de los rostros políticos más conocidos de la Ciudad de México por encabezar las políticas de movilidad —sin entrar en el debate de su efectividad— ahora deberá administrar un presupuesto de más de 90,000 millones de pesos, tan amplio que supone la mayoría de los recursos asignados a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de Jesús Esteva.
Además, el político de la cuna del CIDE tendrá el mayor poder que haya gozado un titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), con un acuerdo que próximamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este permitirá a Andrés Lajous —y a cualquier sucesor— dirigir la política de los trenes sin limitaciones: desde las políticas, derechos de vía, permisos, pormenores de concesiones y promover todos los proyectos sobre el tema. Esto será una tarea ‘superimportante’ para otro de los ‘superagentes’ de Claudia Sheinbaum, quien busca convertirse en la presidenta de los trenes de pasajeros.
Que los transportistas no quieren rotular sus camiones
Si Jesús Esteva no estaba nervioso con el ‘superpoder’ de Lajous respirándole de cerca, quizás sí lo esté después del encontronazo de subordinados de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), a quienes las organizaciones gremiales transportistas han tundido en comentarios sobre una propuesta que consistía en rotular las unidades de transporte.
En resumidas cuentas, la DGAF quiere que los transportistas rotulen los números placas de sus unidades en diversos sitios de las mismas. Pero, como si fuera un desfile de “cachetadas” a quienes redactaron la norma, desde la Canacar hasta la AMDA expresaron sus puntos de vista del porqué se trata de una medida poco pensada y que representaría costos absurdos para el gremio.
La tunda más fuerte vino de Canacar, que calculó un costo de 900 millones de pesos por la implementación y mencionó la imposibilidad de su aplicación en unidades como grúas, y hasta mencionó que ciertas características de la norma pondrían en riesgo a los operadores.
Para muchos, una medida poco útil en medio de la crisis de seguridad que enfrentan los transportistas.
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