Alejandra Macías Sánchez
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes importan igual que los derechos de los adultos y adultos mayores, de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en general, y de niñas y adolescentes mujeres en particular, los tres poderes, así como los diferentes órdenes de gobierno y Organismos Autónomos, son los encargados no sólo de promoverlos, sino de incorporarlos en su planeación financiera, para así destinar y ejercer los recursos necesarios para garantizarlos (ONU, 2016).
Sin embargo, lo que vemos en los presupuestos y programas sociales a distintos niveles de gobierno es que el financiamiento de estos derechos no se realiza de manera suficiente, ni eficiente.
Por ejemplo, en 2022 se planeó destinar 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a pensiones, mientras que el gasto en primera infancia fue de tan solo 0.1% del PIB. Esta composición del gasto se repetirá para 2023.
Inequidad de financiamiento público
Además de existir diferencias entre grupos etarios, existe inequidad en el financiamiento público para garantizar los derechos de las niñas y mujeres adolescentes.
La desigualdad de género nace desde la infancia ya que las violaciones de derechos se dan a lo largo del ciclo de vida de las niñas y mujeres.
Es por esta razón que, en 1995, en el marco de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial para la Mujer en Beijing, se creó la Plataforma de Acción de Beijing como plan para promover los derechos de las mujeres y trabajar por la igualdad de género.
A pesar de que, en distintas ocasiones, varias instancias nacionales e internacionales como la ONU, el CEDAW y la CNDH, han recomendado al Estado mexicano integrar en el ciclo presupuestario la perspectiva de género y asignar recursos presupuestarios suficientes para hacer efectivos los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, esto no ha sucedido.
En realidad, es complicado definir cuánto del presupuesto público se destina a niñas y mujeres adolescentes, porque no hay programas cuya población objetivo sean ellas.
Es decir, programas como atención a la salud de la Secretaría de Salud, claramente incluyen a las niñas, pero ¿cuánto realmente se ejerce en ellas? ¿ese gasto tiene los resultados deseados? ¿es suficiente lo que se invierte en las niñas y mujeres adolescentes? ¿atiende a sus necesidades? ¿garantiza sus derechos?
Niñas y adolescentes en México
El documento denominado inversión pública en niñas y adolescentes mujeres, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) con apoyo de Save the Children, concluye que la inversión pública destinada a niñas y adolescentes mujeres entre 2017 y 2021, en promedio para cada año, se ubicó en 0.7% del PIB y 2.6% del gasto total anual de México.
Durante 2020 y 2021, el gasto público en niñas y adolescentes mujeres se incrementó debido a los recursos públicos que se asignaron para becas de educación básica y media superior.
De acuerdo con Unicef, países como Chile, Costa Rica y Perú, destinan a niñas, niños y adolescentes, es decir, la cantidad de recursos que ejercen para garantizar los derechos de toda la población entre 0 y 17 años de edad, es de 5.23%, 6.26% y 4.16% de su PIB, respectivamente.
En México, las niñas y adolescentes mujeres representan la mitad de la población entre 0 y 17 años, sin embargo, el gasto público en ellas representa el 17% del que se destinan a niñas, niños y adolescentes en Perú.
El gasto o inversión en la niñez ha demostrado ser de los más rentables para brindar oportunidades y mejorar la productividad de las personas en su edad adulta. Además, desde la niñez se deben combatir las brechas de género.
Por tanto, el presupuesto público debe dar prioridad a los recursos dirigidos a las niñas y adolescentes mujeres a través de políticas públicas focalizadas y bien diseñadas.
El CIEP es un centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro ni agenda partidista; provee información y análisis relevantes y técnicamente sólidos para mejorar y democratizar la toma de decisiones en economía y finanzas públicas.
