Finanzas públicas en 2026: administrar la inercia en tiempos de bajo crecimiento
Por: Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)
El 2026 confirma una tendencia que México arrastra desde hace varios años: las finanzas públicas se han convertido en un ejercicio de administración de inercias más que en una herramienta de transformación. Los ingresos y gastos públicos aprobados para este año, junto con las expectativas macroeconómicas del sector privado, dibujan un escenario de estabilidad contenida, pero también de oportunidades cada vez más limitadas para redefinir el rumbo de las finanzas públicas.
Se espera que la economía mexicana avance este año a un ritmo cercano al 1.3%, de acuerdo con el consenso de algunos analistas. Se trata de un crecimiento modesto que, si bien evita la recesión, resulta insuficiente para detonar una expansión sostenida de los ingresos públicos o para absorber las crecientes presiones del gasto. Esta tasa confirma que la desaceleración observada en 2025 no fue transitoria, sino parte de una tendencia más profunda asociada a un entorno internacional incierto, tensiones comerciales persistentes y una inversión privada cautelosa ante señales mixtas de política económica.
Este bajo dinamismo económico tiene implicaciones directas para las finanzas públicas. En 2026, los ingresos crecerán lentamente, mientras que el gasto continúa expandiéndose. El resultado es un déficit público que se mantendrá por encima del 4% del PIB, un nivel que deja de ser excepcional para convertirse en la nueva normalidad fiscal. Aproximadamente, 15 de cada 100 pesos que gasta el Gobierno provienen del endeudamiento, lo que refleja la ausencia de una consolidación fiscal efectiva.
Finanzas públicas verán aumento de la deuda
La deuda pública seguirá aumentando, alcanzando niveles superiores al 52% del PIB. Más allá de la cifra, lo relevante es su costo. El pago de intereses representa el 4.1% del PIB, superando al gasto en rubros fundamentales como salud, educación o inversión pública.
Aunque el presupuesto total supera los 10 billones de pesos, esta magnitud oculta una realidad menos favorable. Cerca del 80 % del gasto está comprometido en pensiones, costo financiero de la deuda, participaciones a entidades federativas y transferencias a empresas públicas. El espacio fiscal efectivo se ha reducido de forma drástica y hoy apenas permite ajustes marginales.
Uno de los principales factores detrás de esta rigidez es el crecimiento sostenido del gasto en pensiones. En 2026, este superará los 2.3 billones de pesos y continúa expandiéndose por encima del crecimiento económico, sin que se emprenda una reforma estructural. La presión sobre las finanzas públicas no solo persiste, sino que se intensifica.
Pemex y la CFE seguirán absorbiendo recursos públicos significativos. Las transferencias a la petrolera equivalen a más de una cuarta parte de sus ingresos, mientras que los subsidios eléctricos superan los 90 mil millones de pesos. Esta estrategia prioriza el sostenimiento de empresas públicas con problemas estructurales, a costa de reducir el margen para invertir en sectores con mayor impacto social y productivo.
En educación se privilegian las transferencias directas, especialmente becas, por encima de la inversión estructural. La básica recibe más recursos, pero los niveles medio superior, superior y el posgrado enfrentan reducciones en términos per cápita. Lo cual tendrá efectos de largo plazo al limitar la formación de capital humano avanzado y reducir la capacidad del país para elevar su productividad.
México no enfrenta en 2026 una crisis fiscal, pero sí la confirmación de un modelo que permite sobrevivir sin colapsar, aunque también sin transformar. Mientras las decisiones de fondo se postergan, el costo se traslada silenciosamente hacia el futuro, donde las restricciones serán mayores y las opciones más limitadas para las siguientes generaciones.
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