“Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al despedirse de los banqueros en la pasada Convención Bancaria de la ABM, al referirse a que durante su sexenio no hubo grandes cambios al marco legal del sector bancario.
“…La certidumbre y la confianza que nos brindó con su palabra generaron un ambiente propicio de negocios y de inversión donde todos ganamos”, respondió en el mismo evento Julio Carranza, presidente de la ABM, quien al mismo tiempo pidió a las candidatas y al candidato a la presidencia mantener la certidumbre y fomentar la confianza. Sin embargo, en la relación del gobierno entrante con el sector bancario del país, ya se prepara la primera gran prueba de fuego.
El 20 de mayo, el influyente diario británico The Financial Times, lanzó la primera advertencia. El gobierno mexicano analiza opciones para incrementar la recaudación de impuestos proveniente de los bancos para aliviar el déficit fiscal que heredará la siguiente administración.
Las opciones incluyen terminar con la deducibilidad fiscal proveniente del ajuste por inflación de los activos monetarios; cancelar la deducción de impuestos que los bancos realizan por sus aportaciones al seguro de depósitos (IPAB); e implementar un impuesto a las ganancias extraordinarias de los bancos. Los dos primeros ajustes necesitarían mayoría simple de votos en la Cámara de Diputados, pero la tercera alternativa requiere un cambio de ley, un proceso más complicado.
Para las áreas de análisis de Santander, JP Morgan y Goldman Sachs, el primer aviso de lo que viene no pasó desapercibido y de inmediato se pusieron a trabajar en modelos para estimar el potencial efecto que traerían estos cambios a los bancos que operan en México.
Santander, por ejemplo, estima que el impacto en los bancos que cubre (Banorte, Inbursa, BanBajío, Regional y Gentera) sería de entre 3% y 5% de las ganancias de las instituciones, y más a detalle calculó 776 millones de dólares adicionales para el fisco por la eliminación de la deducción por inflación, y 541 millones de dólares por cancelar la deducción de las aportaciones al IPAB
Por su parte Goldman Sachs, no sólo destacó que en el análisis de la propuesta los bancos están al margen, y además la incertidumbre de cuándo se pondría en la mesa la iniciativa, que quizás tendría que ser antes de que finalice el año cuando el nuevo gobierno entré en funciones.
Acotó que, en el caso específico de las aportaciones al IPAB, “los bancos pueden argumentar que esto no es un beneficio fiscal, sino un gasto real que pagan para respaldar la seguridad del sistema”.
Finalmente, JP Morgan consideró que el sector financiero mexicano no es lo suficientemente grande como para resolver el déficit fiscal, y que una mayor tributación podría impactar en la política de inclusión financiera, y el costo de los créditos.
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