Sector aéreo atravesará turbulencia en la próxima revisión del T-MEC
El sector aéreo, que atraviesa por momentos de turbulencia en medio de las tensiones entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el de Donald Trump, no está exento de la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, proceso que arrancaría entre los meses de septiembre y octubre de este año.
La relación entre México y Estados Unidos en materia aérea tiene su regulación directa en el acuerdo bilateral vigente desde 2016. Sin embargo, en la revisión del acuerdo comercial, Estados Unidos impulsará algunos temas que podrían abrir la puerta a que la industria aérea realice cambios en su operación.
Por ejemplo, en materia de seguridad nacional, uno de los ejes de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, que inició el 20 de enero de este año. Para muestra de ello está la reinstalación, ese mismo día, de la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur.
Otra medida es la designación de algunos cárteles de la droga como organizaciones terroristas, entre ellas algunas organizaciones mexicanas, como el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Ambas medidas no solo implican el fortalecimiento de la seguridad en la frontera entre ambos países, también abren la puerta a que las autoridades mexicanas efectúen cambios en cuanto a seguridad aérea, dijo José María Ramos García, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Estados Unidos está implementando toda una agenda de política pública para fortalecer su seguridad nacional y obviamente esto implica también que el Estado mexicano fortalezca sus propios controles
dijo el especialista.
Seguridad aérea en México, en la mira de Estados Unidos
En México, la seguridad operativa en materia aérea está en manos de varias dependencias y organismos descentralizados de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La principal es la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el regulador del sector.
Su creación en 2019, en sustitución de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), buscaba otorgarle una mayor autonomía a la autoridad. Sin embargo, a casi seis años de ello presenta deficiencias en su operación que impiden el desempeño de sus funciones de manera eficiente.
Realmente es una autoridad que se siente débil y que además, no tiene el presupuesto suficiente ni la autonomía financiera para responder a las más básicas auditorías internacionales
consideró Francisco Gómez Ortigoza, especialista del sector aéreo.
Una muestra de ello fue la degradación de categoría en seguridad aérea –de nivel 1 a 2– que México sufrió en mayo de 2021 y que recuperó en septiembre de 2023. Para ello, fue necesario llevar a cabo cambios legislativos, nuevas facultades y regulaciones para la propia agenda.
Este tema de la seguridad aérea no es nuevo. Es algo que el gobierno estadounidense tiene la facultad de revisar periódicamente
recordó Juan Carlos Machorro, líder del área de prácticas transaccional y financiera del despacho Santamarina Steta.
En ese entendido, sí existe un riesgo de que las autoridades de Estados Unidos vuelvan a revisar a profundidad las capacidades de sus pares mexicanos en materia aérea para verificar que se cumplieron las condiciones que se impusieron a México para regresar a categoría 1 en seguridad aérea.
EU elevaría presión sobre el cumplimiento en sector aéreo
La revisión del acuerdo comercial también abre la puerta a que el gobierno de Estados Unidos aplique una mayor presión en el cumplimiento del acuerdo bilateral en materia aérea con México.
A finales de julio, el Departamento del Transporte (DOT) de Estados Unidos acusó a México de incumplir el acuerdo; además, señaló dos políticas que la administración del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, implementó para impulsar las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La primera de ellas es la reducción de horarios de aterrizaje y despegue –o slots– en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). Mientras que la segunda es el decreto que obligó a las aerolíneas nacionales y extranjeras a trasladar sus operaciones de carga al AIFA.
En respuesta, el DOT emitió dos órdenes ejecutivas que afectan a las aerolíneas mexicanas, las cuales ahora deberán obtener una autorización escrita para operar vuelos chárter de carga o pasajeros con aeronaves grandes. La segunda, obliga a las aerolíneas a entregar el registro de todas sus operaciones desde o hacia Estados Unidos y cualquier punto fuera de ese país.
Finalmente, para Ramos García, el gobierno estadounidense podría recurrir a medidas de presión similares para impulsar los cambios en seguridad aérea que se deriven de la revisión del tratado.
Sobre todo en el marco de la renegociación, seguramente Estados Unidos va a pedir certezas para evitar riesgos a su soberanía
dijo.
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