Las leyes secundarias de la reforma energética de Claudia Sheinbaum Pardo podrían ser financieramente viables para Petróleos Mexicanos (Pemex), siempre y cuando se logren los ingresos proyectados por la petrolera estatal; de lo contrario, se podría agravar la situación fiscal del país ante el riesgo de una posible recesión económica.
En entrevista con EL CEO, el investigador en Transición Energética y Medio Ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), César Augusto Rivera, explicó que una de las oportunidades de estas leyes secundarias que entraron en vigor este 18 de marzo de 2025 radica en el “Derecho Petrolero”, cuya tasa quedó en 30%.
Dicha tasa es “considerablemente menor” a la establecida en años anteriores respecto al Derecho de Utilidad Compartida (DUC); antes del actual sexenio, los porcentajes llegaron a ser tan altos como el 40%, 54% e incluso 65%.
Rivera consideró que esta disminución en el pago por el Derecho de Petrolero permitirá a Pemex contar con mayor flujo de efectivo, lo que a su vez mejoraría su capacidad para cumplir con sus compromisos de deuda y realizar nuevas inversiones.
Este ajuste le da a Pemex certeza jurídica, pues ya no tendrá que pagar las altas tasas del pasado, lo que le permite aliviar sus finanzas y destinar más recursos a sus necesidades más urgentes
explicó.
Sin embargo, el investigador advirtió que la viabilidad de la reforma energética está sujeta a la capacidad del gobierno federal para sustituir los recursos que Pemex solía generar para las arcas del Estado, especialmente en un contexto de incertidumbre económica, originada por la guerra arancelaria de Donald Trump.
Si los ingresos del país, particularmente los asociados al IVA, no se mantienen conforme a las expectativas de crecimiento económico, podríamos enfrentar problemas en las finanzas públicas
comentó Rivera.
El riesgo de la recesión para Pemex
El investigador advirtió que, aunque la reforma energética tiene como objetivo aliviar las finanzas de Pemex, el país enfrenta el riesgo de una recesión, un factor que podría agravar aún más la situación financiera de la empresa y de las finanzas públicas.
Si los ingresos de Hacienda se mantienen en línea con lo proyectado, la reforma podría ser exitosa, pero si no se materializan de acuerdo con lo estimado, el impacto podría reflejarse en una mayor presión sobre las finanzas públicas y en un panorama económico aún más incierto para México
indicó el analista consultado.
Oportunidad de negocios
En materia financiera, para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las leyes secundarias podrían representar una oportunidad por la entrada de capital en áreas clave como la generación distribuida, el autoconsumo y proyectos mixtos de largo plazo.
El objetivo principal de la reforma es mantener la prevalencia de la CFE en el mercado eléctrico con una participación del 54% en la generación de energía. Sin embargo, el reto radica en que la empresa estatal deberá garantizar la mayor parte de las inversiones en el sector, lo que supone una presión adicional sobre sus finanzas
comentó el investigador del CIEP.
Ante este panorama, la colaboración con inversionistas privados podría convertirse en un mecanismo fundamental para asegurar el desarrollo de nueva infraestructura eléctrica sin comprometer los recursos de la CFE, insistió.
El desafío será definir los mecanismos a través de los cuales se permitirá la inversión privada en el sector.
Habrá nueva reforma para CFE
El analista incluso prevé que se presente un proyecto de reforma adicional con ajustes adicionales en las leyes de inversión público-privada, no solo en el ámbito eléctrico, sino también en otros sectores estratégicos de infraestructura.
Esto podría abrir la puerta a una mayor flexibilización en la asociación entre el Estado y las empresas privadas, generando un esquema de financiamiento más dinámico y sostenible
comentó.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Energía (AME) coincidió con el CIEP, de que hay un marco normativo pendiente para la CFE. En ese sentido, reiteró “su disposición en colaborar con las autoridades del sector para su formulación”.
A fin de contar con certeza jurídica para las inversiones público-privadas, fortalecer la seguridad energética en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y acelerar la transición energética
publicó.
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