Con la reforma a la Ley de Amparo, hay riesgo de que las decisiones judiciales respondan a intereses políticos, lo que mermaría la inversión en México en tiempos en los que el país ya está presionado por Donal Trump.
De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, “representa un grave retroceso en la defensa de los derechos fundamentales en México”.
El organismo empresarial recordó que el juicio de amparo ha servido históricamente a la ciudadanía para protegerse de los abusos de poder.
“Gracias a este mecanismo, se han revertido decisiones arbitrarias y se han corregido normas que vulneran derechos esenciales”, sostuvo.
Los riesgos que ve la Coparmex
La Coparmex alertó que restringir los efectos del amparo a quienes presenten un recurso individual, rompe con el principio de justicia y equidad, pues solo quienes tengan la capacidad económica de litigar podrán beneficiarse de fallos que reconozcan violaciones constitucionales.
Precisó que al limitar el alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales, se deja en estado de indefensión a millones de personas, especialmente a quienes no cuentan con los recursos para costear un abogado y promover su propia demanda cuando algún derecho les sea violentado o restringido.
La argumentación de quienes impulsaron esta reforma carece de fundamento y atenta contra la convencionalidad y la progresividad de los derechos. Asegurar que el amparo se utiliza como una estrategia de grupos de poder para frenar políticas públicas es un pretexto para debilitar un contrapeso esencial en cualquier democracia
de acuerdo con la Coparmex.
El objetivo de la reforma al amparo
La Coparmex señaló que dicha reforma facilita la imposición de normas injustas sin posibilidad de que sean corregidas en favor de toda la sociedad.
Además, el dictamen aprobado introduce cambios que afectan la independencia del Poder Judicial. La eliminación del sistema de salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reducción del número de votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad de una norma generan incertidumbre y minan la certeza jurídica que nuestro país necesita
sostuvo en un documento.
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