Los cambios que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone para la Ley de Hidrocarburos servirán para atacar problemáticas como el huachicoleo fiscal y la especulación con permisos de comercialización y, aunque deja espacio para cierta discrecionalidad en la cancelación de permisos, difícilmente verá la misma oposición que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica.
“Los regulados que se sientan afectados estarán recurriendo a mecanismos legales, pero la mayoría de los permisionarios podrían decir que no les afecta porque trabajan en cumplimiento y estricto apego a la norma”, destacó Carlos Vallejo, compliance officer de Lexoil Consultores.
Desafortunadamente hay otros que no, y (esta iniciativa) se puede interpretar como el gobierno tomando cartas en el asunto para endurecer los requisitos y la forma en la que se fiscalizan y supervisan los permisos y las actividades
Vallejo predice que la mayor participación de los órganos reguladores provocará el paro de actividades de algunos regulados que operaban al margen de la ley, aunque advirtió que muchos otros interpretan en estos cambios “una decantación de permisionarios” que ayudará a devolver a Pemex su posición prioritaria en el sector.
Agregó que los cambios propuestos no afectan al sector de upstream, y dijo que los temas que atañen a exploración y producción “están siendo analizados de otra forma”, por lo que difícilmente sufrirán cambios durante la primera mitad de este año.
Sobre la polémica incorporación de un artículo que permite la suspensión de permisos que “pongan en peligro inminente la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional”, el experto se mostró optimista acerca de sus alcances.
“Ha levantado revuelo la incorporación del artículo 59-bis que introduce la figura de la suspensión de permiso (…) muchos lo han tomado como una especie de expropiación o intervención, pero el propio artículo da la opción de que el permisionario acredite que no se vulneran los conceptos para recuperar su permiso”, dijo.
La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos presentada hoy por el Presidente López Obrador a la @Mx_Diputados da mayor poder a la @Sener_Mx y a la @CRE_Mexico.
De aprobarse, esta iniciativa tendría implicaciones negativas para la competitividad: pic.twitter.com/osexYr5kiq
— IMCO (@imcomx) March 27, 2021
Santiago Arroyo, experto en el sector, dijo que esta iniciativa está más pensada que la propuesta a la LIE, probablemente a sabiendas de que una reforma más extensa tendría implicaciones fuertes en la relación con Estados Unidos.
“La discrecionalidad es el punto medular de esta reforma, y eso es lo peligroso porque vemos un gobierno que no respeta la legalidad ni las instituciones. Bajo ese contexto el tema de la discrecionalidad es un enorme riesgo”, apuntó.
Sobre posibles amparos, el abogado dijo que el grado de dificultad para conseguir una aprobación también es mayor que en su contraparte eléctrica, en parte porque no tiene elementos ambientales que apoyen las quejas.
“Para que tenga una contundencia similar a los otros amparos tenemos que darle un enfoque social, como la Onexpo hizo en su posicionamiento: en torno a los consumidores y la sociedad. Es importante demostrar que los impactos secundarios de esta captura de mercado, como pueden ser mayores precios, mayores subsidios y una inestabilidad financiera impactarán el bolsillo de los mexicanos y a la colectividad en general”, señaló.
Sin embargo, Arroyo destacó que aún no es momento de redactar amparos, pues hay que esperar al resultado del trámite legislativo.
“Los grupos parlamentarios tienen en su poder manera de ganar tiempo, e incluso se pueden promover acciones de inconstitucionalidad por querer acelerar el proceso legislativo de esta reforma”, advirtió.
