Pemex y CFE: deuda, transmisión y contratos mixtos definen 2026
La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrentan retos importantes en este nuevo año; sin embargo, también tiene claro que el rumbo de ambas empresas estatales es distinto.
Mientras que el principal desafío de la empresa eléctrica radica en fortalecer la transmisión —clave para atraer nuevas inversiones, como las de data centers—, el panorama de la petrolera es más complejo, marcado por una menor producción y un elevado nivel de endeudamiento que arrastra desde hace varios años.
Pemex, la estatal con mayor riesgo
El escenario para la empresa dirigida por Víctor Rodríguez Padilla es poco alentador de cara a 2026, un año que, en teoría, sería el último con apoyo directo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con el compromiso asumido por la presidenta de México.
En agosto del año pasado, la mandataria presentó un plan integral con diversos ejes orientados a alcanzar la autosuficiencia financiera de Pemex a partir de 2027.
Presupuesto para Pemex 2019-2026En materia de deuda, el objetivo es reducirla en alrededor de 26% respecto al tope que alcanzó. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el pasivo total se ubicaba en 100,300 millones de dólares (mdd), según el reporte financiero de la empresa, lo que convierte a Pemex en la petrolera más endeudada del mundo.
A ello se suma el adeudo con proveedores, que ascendía a 28,130 mdd, una cifra que continúa presionando las finanzas de la compañía, ya que la operación de Pemex depende en gran medida de estos servicios. No obstante, el plan del gobierno federal contempla la liquidación gradual de este saldo.
La SHCP también implementó el esquema del Derecho Petrolero para el Bienestar, que establece una tasa de 30% para hidrocarburos y de 12% para el gas natural no asociado, además del uso de recursos provenientes de notas P-Caps por 12,000 mdd para cubrir vencimientos de deuda hasta 2026.
Pese a estos esfuerzos y a la mejora observada en la calificación crediticia de Pemex —impulsada en gran medida por el respaldo del soberano—, los analistas coinciden en que la promesa de autosuficiencia financiera difícilmente se concretará en 2027.
CFE y el reto de la transmisión y la distribución
Aunque México mantiene compromisos ambientales, la expansión de la generación de energía limpia pasará a un segundo plano en 2026, ya que la prioridad inmediata será atender los rezagos en transmisión y distribución eléctrica.
Durante 2025, el gobierno federal impulsó diversas modificaciones legales que otorgaron a la empresa encabezada por Emilia Esther Calleja Alor una posición más favorable frente a competidores privados. Para este año se espera la puesta en marcha de los proyectos derivados de esos cambios.
Fotoarte: Mariana FloresSi bien estas adecuaciones buscan fortalecer a la CFE, también generan tensiones en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En una eventual renegociación del acuerdo comercial, el sector eléctrico podría ser uno de los puntos de fricción, luego de que la administración de Donald Trump considera que las modificaciones afectan los intereses de empresas estadounidenses.
En este contexto, mejorar la transmisión y la distribución de energía resulta clave para atraer inversiones ligadas a los data centers, un sector que ha mostrado cautela hacia el mercado mexicano ante la inestabilidad de la red eléctrica.
La apuesta por los contratos mixtos
Para enfrentar los retos que Pemex y CFE encaran en 2026, la administración federal ha optado por los llamados contratos mixtos, mediante los cuales se busca el apoyo de la iniciativa privada para optimizar la operación y explotación de ambas empresas.
No obstante, esta estrategia ha generado dudas, ya que en la primera ronda de estos acuerdos no participaron algunos de los principales jugadores de cada industria, al considerar poco atractivas las condiciones planteadas.
Ahora, el gobierno mexicano apuesta por entablar negociaciones más específicas —especialmente en el sector petrolero— para concretar “contratos a la medida” que resulten viables tanto para el Estado como para las empresas privadas.
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