Ley de Competencia permitiría una revisión más ligera del T-MEC
En torno a la iniciativa para reformar la Ley de Competencia Económica se han generado diversos debates. Durante un foro celebrado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los panelistas brindaron sus puntos de vista con relación a la propuesta.
Los expertos coincidieron en que, en el contexto de las próximas negociaciones del T-MEC, “tener una autoridad de competencia fuerte es lo que nos va a permitir tener una revisión mucho más ligera, que podría llegarse a complicar si no hubiéramos diseñado este nuevo órgano”.
Para Blanca Heredia Rubio, consultora e investigadora independiente, el principal aspecto a considerar en esta transición institucional es el nivel de incertidumbre, ya que —señaló— atraer inversión privada es clave para el crecimiento económico de México.
En esa misma línea, Ximena Escobedo Juárez, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, subrayó la necesidad de brindar certeza a los inversionistas.
Es importante dar certeza a la inversión, que el órgano esté bien diseñado y cuente con la funcionalidad necesaria para generar confianza entre nuestros socios comerciales. Particularmente en el contexto del T-MEC, que es nuestro principal paraguas comercial. Debemos fortalecer las condiciones que permitan llevar a buen puerto las inversiones en curso
afirmó.
Ambas expertas coincidieron en que, especialmente en sectores donde México participa activamente tanto como comprador como vendedor, es crucial que exista alineación y dirección clara en la política de competencia.
Además, en un entorno caracterizado por la incertidumbre y la volatilidad, el nuevo organismo público descentralizado —adscrito a la Secretaría de Economía— deberá velar por la protección a los derechos de los consumidores, sostuvieron.
¿En qué consiste la reforma a la Ley de Competencia?
La nueva Comisión Nacional Antimonopolio, propuesta en la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, tendrá como funciones principales regular e impedir prácticas monopólicas, imponer límites a la concentración de medios y frecuencias, y determinar la existencia de condiciones de competencia efectiva en sectores clave como telecomunicaciones y radiodifusión.
La iniciativa señala en su exposición de motivos que “en esta nueva etapa del desarrollo nacional es fundamental corregir los abusos de poder, que se habían convertido en norma (…) crearon un país en donde las grandes empresas no tuvieron que preocuparse por generar bienestar compartido”.
Multas y sanciones
En materia de sanciones, la iniciativa contempla multas de hasta el 20% de los ingresos del agente económico por prácticas monopólicas absolutas, y de hasta el 15% por prácticas relativas. También se prevén sanciones equivalentes a hasta 300,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes hayan facilitado, inducido o participado en prácticas anticompetitivas o concentraciones ilícitas. Además, estará facultada para aplicar inhabilitaciones en la participación de contrataciones públicas.
La Comisión Nacional Antimonopolio, estará conformada por un pleno de cinco personas, designadas de manera escalonada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificadas por el voto del Senado.
Todo lo anterior fue reconocido por Alejandra Palacios Prieto, excomisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien destacó que estos aspectos atienden sus preocupaciones. Cabe señalar que la propuesta contempla la extinción del órgano constitucional autónomo que ha operado con independencia del ejecutivo.
Fortalecimiento al marco institucional, recomendaciones
La International Chamber of Commerce México (ICC México) reconoció que las iniciativas para reformar la Ley Federal de Competencia Económica avanzan en una dirección adecuada, pero advirtió que aún existen áreas de oportunidad para fortalecer el marco institucional.
La ICC México identificó 14 recomendaciones clave para mejorar la reforma, como garantizar la autonomía técnica de la nueva autoridad, establecer nombramientos escalonados de comisionados, incluir a empresas públicas dentro del marco legal, y asegurar claridad jurídica y conceptual.
También propusieron medidas como certificar programas de cumplimiento de forma independiente, coordinar mejor a las instituciones regulatorias, y redactar disposiciones transitorias con mayor precisión.
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