A tan solo horas de que el Senado de la República someta a discusión la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que, de no modificarse el proyecto, podría ponerse en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como otros compromisos comerciales internacionales asumidos por el país.
Según un análisis realizado por el IMCO, la reforma constitucional “mantiene una redacción ambigua”, lo que hace indispensable que, tras su eventual aprobación, la legislación secundaria se elabore con sumo cuidado para evitar conflictos legales.
El instituto subrayó la importancia de esta tarea, especialmente considerando que la revisión del T-MEC, programada para 2026, requerirá que México defienda la coherencia de sus políticas públicas con las disposiciones del tratado.
Los puntos de la reforma energética que ponen en jaque al T-MEC
El IMCO identificó varios capítulos clave del T-MEC que podrían verse afectados por la reforma energética.
El primero es el Capítulo 12, relativo al Comercio transfronterizo de servicios. Aunque la generación eléctrica no se clasifica como un servicio bajo este capítulo, los principios de trato de nación más favorecida y de trato nacional en materia de servicios, así como las disposiciones de acceso al mercado, sí aplican para el suministro de energía eléctrica.
En este sentido, el organismo señaló que la legislación secundaria deberá aclarar el alcance del concepto de “prevalencia” sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para determinar si incluye el suministro eléctrico.
Otro capítulo relevante es el Capítulo 14, que regula la Inversión. Este capítulo establece que, una vez que un país abre su economía al comercio o a la inversión extranjera, no puede revertir esas medidas ni cerrar sectores previamente abiertos a la participación privada.
“Introducir nuevas restricciones para las empresas privadas en el sector energético podría generar conflictos y vulnerar compromisos adquiridos en este marco”.
El Capítulo 22, que trata sobre las Empresas de propiedad del Estado, también podría verse comprometido. Este capítulo obliga a las empresas estatales a operar bajo criterios comerciales y exige que los reguladores administrativos sean imparciales.
El IMCO advirtió que la transición de la CFE de empresa productiva del Estado a empresa pública podría ser inconsistente con estas disposiciones, abriendo la puerta a disputas.
En cuanto al Capítulo 24, relacionado con el Medio ambiente, el insituto recordó que un país firmante puede ser sancionado si se demuestra una violación recurrente de su legislación ambiental que afecte el comercio o la inversión.
Por ello, cualquier modificación en los criterios de despacho eléctrico deberá alinearse con los objetivos de reducción de emisiones establecidos en las leyes nacionales sobre cambio climático y transición energética.
Finalmente, el Capítulo 32, que aborda las Excepciones y disposiciones generales, compromete a México a implementar las medidas menos restrictivas posibles en áreas como inversión, comercio transfronterizo de servicios, y operaciones de empresas estatales y monopolios designados.
Dichas medidas deben estar en línea con las reservas y excepciones previstas en tratados comerciales y de inversión que México haya ratificado antes de la entrada en vigor del T-MEC, entre los que destaca el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), que incorpora plenamente al sector energético mexicano.
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