Los cambios en la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos que entrarán en vigor el próximo 1 de julio representan un ingreso extra para Pemex por concepto de venta de “tickets” de derecho de almacenamiento, el cual es aún más importante debido a la falta de infraestructura privada y de condiciones claras para la venta de tickets entre privados.
En su concepción original, la Política de Almacenamiento Mínimo estaba planteada como un aliciente para la construcción de infraestructura para almacenar hidrocarburos y obliga a todos los comercializadores y distribuidores a su cumplimiento.
Sin embargo, a finales del año pasado, la administración decidió retrasar su entrada en vigor y recortar la meta de volumen de 15 a cinco días de consumo.
“Al menos la mitad de tu inventario tiene que estar en las terminales de las que se te suele surtir, el resto puede estar en cualquier parte a través de tickets”, explicó David Rosales, socio de Midstream & Downstream en la consultora Talanza Energy. “Nosotros vemos que incluso en el primer requisito hay escasez y hay zonas en las que es difícil prever que todos puedan cumplir”.
La modificación al volumen de inventario podría haber estado motivado por la falta de la infraestructura necesaria en territorio mexicano, aunque esta modificación podría motivar un efecto huevo-gallina en el desarrollo de nuevas instalaciones de almacenamiento.
“No creo que haya habido mala fe de la CRE, pero sí se volvió un problema circular aunque no fuera premeditado. Entonces el mercado puede vivir un momento de cierta incertidumbre y los tickets pueden volverse caros en mercados secundarios”, advirtió Rosales.
Incluso con la cancelación o disminución de volúmenes en algunas instalaciones, la capacidad nacional de almacenamiento debería ser suficiente para cumplir con el inventario requerido por la nueva política, aunque el problema podría ser regional.
“Históricamente, Pemex ha tenido de tres a cuatro días de inventario (en sus instalaciones)“, explicó Daniel Rodríguez, senior editor de Mexico Fuel Markets de OPIS.
“Queda ver si la capacidad nueva desarrollada por empresas privadas más lo que tiene Pemex será suficiente para almacenar cinco días de inventarios. Hay zonas en las que no hay capacidad y las empresas sospechan que por eso se eliminó el inventario regional”.
Rosales explicó también que, con la entrada en operación de cada vez más operadores privados, la disponibilidad de tickets podría aumentar de tal forma que su precio se aproxime a cero. Mientras tanto, “el mercado estará ahí en medio, porque los proyectos no entran de un día a otro”.
Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector energético, es un poco más pesimista y advirtió que Pemex podría quejarse si otros actores del mercado ofrecen espacio de almacenamiento mucho más barato que la empresa estatal. Arroyo incluso reveló que ya había recibido ofertas de empresas privadas, y que los rumores de precios ofrecidos por Pemex inflaron el precio de esa oferta inicial en un 230%.
Según cifras de OPIS, en marzo de este año las empresas privadas suministraron 118,000 barriles diarios de gasolina y 89,000 barriles diarios de diésel, lo que representa alrededor del 15% y 25% del consumo nacional, respectivamente.
Con estos números, la capacidad total de almacenamiento que los privados necesitan contratar rondaría los 1.035 millones de barriles.
Para finales del año, el total de la capacidad disponible en los proyectos de almacenamiento privado reportados a la Comisión Reguladora de Energía alcanzará los 7.5 millones de barriles, si es que todas las obras se construyen en su totalidad. Esto representa el 50% del volumen de las instalaciones de Pemex, según reporta Sener.
Incluso con la participación que Pemex tiene en algunas de ellas, este volumen debería ser suficiente para satisfacer las necesidades de privados una vez que se permita la venta de tickets entre sí. La gran duda quedará entonces en la eficiencia para implementar la nueva política.
“El punto que más nos debería de preocupar es que no es clara la supervisión que va a existir para verificar el cumplimiento más allá de lo que cada permisionario reporte”, advirtió Rosales. “Falta verificación”.
