Huawei irá al banquillo de los acusados en Estados Unidos por crimen organizado
Las autoridades judiciales de Estados Unidos rechazaron la solicitud de Huawei para desestimar la mayor parte de las acusaciones en su contra por crimen organizado, robar secretos tecnológicos de rivales estadounidenses y engañar a los bancos sobre su trabajo en Irán.
Tras analizar el caso, la jueza federal de distrito en Brooklyn, Ann Donnelly, determinó que existen pruebas suficientes sobre una participación de la tecnológica en actividades ilícitas para expandir su marca.
El inicio del juicio en contra de la tecnológica china en territorio norteamericano será el 4 de mayo de 2026 y se tiene contemplado que dure varios meses, por lo que la batalla legal significa un nuevo capítulo en el largo conflicto que la empresa ha tenido con Estados Unidos desde que fue incluida en la lista negra comercial.
Hasta el momento, ni Huawei ni sus representantes legales han emitido alguna postura oficial sobre el tema; mientras que un portavoz del fiscal federal interino Joseph Nocella en Brooklyn prefirió no hacer comentarios.
El largo conflicto de Huawei
Gran parte del conflicto se encuentra vinculado al engaño que la empresa realizó a banqueros para ocultar sus negocios en Irán, un país que se encuentra bajo sanciones estadounidenses. Según la fiscalía, la empresa con sede en Shenzhen, China, tenía control sobre Skycom, haciéndola pasar por una empresa independiente y de esa forma realizaba transferencias.
Sin embargo, el caso penal inició en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump por temas vinculados a China. En el mismo año, el Departamento de Justicia lanzó su iniciativa para abordar el presunto robo de propiedad intelectual por parte de Beijing.
El conflicto provocó la detención de la directora financiera de la firma, Meng Wanzhou, en Canadá durante casi tres años antes de que se le permitiera volver a su país. Los cargos en su contra fueron desestimados en 2022.
Durante el mismo año la administración del presidente Joe Biden descartó la iniciativa del Departamento de Justicia, luego de que los críticos dijeran que equivalía a una discriminación racial y generaba un temor que paralizaba la investigación científica.
Con información de Reuters
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