El gobierno de Estados Unidos ha pedido al de México que realice una investigación bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del tratado comercial entre ambas naciones con Canadá (T-MEC), tras una denuncia por parte de trabajadores de Impro Industries por presuntas violaciones a sus derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva.
Impro Industries es una empresa de origen chino que opera en la ciudad de Villa de Reyes, en el estado de San Luis Potosí, donde fabrican componentes para su uso en los sectores energético, médico, automotriz y agrícola.
De acuerdo con la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, esta revisión es la séptima que solicita su oficina a las autoridades mexicanas en este año y la vigésimo quinta desde que entró en operaciones es el T-MEC.
Estados Unidos ha invocado el RRM veinticinco veces en los últimos tres años, beneficiando directamente a más de 36,000 trabajadores y demostrando nuestro firme compromiso de utilizar el RRM para ayudar a los trabajadores en el país y en el extranjero
indicó Tai.
La funcionaria estadounidense agregó que espera continuar su colaboración con el Gobierno de México para garantizar que los derechos y el bienestar de los trabajadores involucrados en este asunto estén plenamente protegidos.
¿Qué generó la solicitud de revisión de derechos laborales en el marco del T-MEC?
El 24 de junio pasado, el Comité Laboral Interinstitucional para la Supervisión y el Cumplimiento (ILC) recibió una petición de la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM), que afirma que Impro Industries había despedido injustamente a trabajadores por participar en actividades sindicales.
Además indicó que la organización que actualmente tiene derechos de negociación colectiva en la planta —el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Servicios en General Similares y Conexos de los Estados Unidos Mexicanos— había incurrido en conductas que interferían con los derechos de los trabajadores a participar en los procedimientos de votación en la planta o desalentaban la afiliación a LSOM.
Tras su análisis, el ILC determinó que existen pruebas suficientes y creíbles de una negación de derechos por lo que solicitó a México una investigación. Ahora las autoridades locales tienen diez días para aceptar realizarla y, si está de acuerdo, 45 días a partir de que se hizo la solicitud para completar la revisión.
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