El recurso que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagaría a las empresas de infraestructura de energía por causas de fuerza mayor no es una pérdida para las finanzas de la paraestatal, según el exdirector de la empresa, Enrique Ochoa Reza.
En los contratos se establecen los términos en los que los privados deben devolver ese recurso, dijo este miércoles en entrevista con El Heraldo Radio el diputado federal de PRI.
“No es dinero que se pierde, no es una multa. Es un pago anticipado que se hace por causa de fuerza mayor que se recupera en términos idénticos en el tiempo determinado por el contrato a través de una extensión de servicio”, aseveró el exfuncionario a propósito de la polémica reciente por contratos de gasoductos.
La CFE inició demandas preliminares de arbitraje internacional para eliminar cláusulas en contratos de gasoductos firmados en el sexenio pasado al sostener que son abusivas.
Las cláusulas se refieren a los conceptos de cargo fijo que se paga por la existencia del gasoducto y causas de fuerza mayor, que se refiere a eventos que no se pueden evitar o anticipar y que retrasan las obras contratadas, como disturbios sociales o catástrofes naturales.
En febrero pasado, cuando el gobierno anunció su intención de cambiar los contratos, el director de la CFE, Manuel Bartlett, criticó el pago de la tarifa fija que se debe hacer a favor de las empresas que han invocado el concepto de fuerza mayor.
Según la CFE, en 2018 esa tarifa significó un pago de 5,000 millones de pesos y para 2019 puede alcanzar los 16,000 mdp.
El exdirector de la Comisión, Enrique Ochoa Reza, declaró que cuando una empresa contratada se enfrenta una causa de fuerza mayor se acerca a la CFE para explicarle y es la paraestatal la que determina si es procedente o no.
“Si la CFE llega a aceptarla y paga la cláusula de causa de fuerza mayor, un mes o seis meses (por ejemplo), esos meses se deben volver a pagar en el contrato con servicio por parte de las empresas transportistas; es decir, el dinero no se tira al fondo del mar”, sostuvo.
Ochoa Reza indicó que es un procedimiento habitual en los contratos del sector de infraestructura y energético en México y en el mundo.
Manifestó que en cualquier mesa de arbitraje internacional es una práctica común.
“Por eso lo importante es que si hay dudas en la aplicación de esas cláusulas de fuerza mayor, la mesa de negociación y de diálogo entre las empresas y la CFE es el mejor espacio para aclararlas”, manifestó.
A fin de resolver el conflicto entre las empresas constructoras de gasoductos y la CFE se creó una mesa de diálogo con la participación de representantes de la cúpula empresarial.
La eléctrica nacional notificó de las demandas preliminares de arbitraje a IMG, una sociedad entre IEnova (filial de la estadounidense Sempra Energy) y la canadiense TC-Energy, así como a Grupo Carso, Fermaca, Gasoducto de Aguaprieta y Transportadora de gas natural de la Huasteca.
El martes en conferencia de prensa, el director de la CFE, Manuel Bartlett, declaró que las empresas fueron las que primero recurrieron al arbitraje, aunque más adelante IEnova emitió un comunicado donde rechazó que haya iniciado un proceso recientemente.
También se informó que desde este lunes la CFE había iniciado una ronda de negociaciones con las empresas involucradas.
AMLO aceptó la propuesta del presidente del CCE, Carlos Salazar, y del líder del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, de negociar sobre gasoductos.
Si no se logra acuerdo con CFE, continuará el proceso legal, aseguró
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— EL CEO (@elceo__) 3 de julio de 2019
