El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el viernes un acuerdo mediante el cual suspende las pruebas pre-operativas de las centrales eléctricas intermitentes, lo que para los analistas representa un golpe para las centrales de generación limpia y que incluso pudiera ser el primer paso para cerrar el mercado eléctrico mayorista.
“No les gusta el mercado eléctrico mayorista. No es que no les guste la energía renovable, sino que no les gusta que puedan entrar otros participantes, no les gusta la competencia y quieren que CFE tenga todos los ingresos posibles”, explicó Elie Villeda, analista del sector energético.
Para lograrlo, Villeda cree que su cometido final será suspender o tratar de quitarlo, de una u otra forma.
En el mercado eléctrico, uno de los temas de fondo en el acuerdo es sondear los ánimos del sector privado para ver si se da un paso adelante en la intención de deshacer el mercado eléctrico, considera René Narváez, otro especialista del sector.
Podría ser la ficha que siente las bases para ver qué hay hacia adelante y por eso el sector ha reaccionado tan rápido: porque es una cuestión de supervivencia
El rechazo a la intervención de privados, que se ha ido traduciendo en política energética, es alimentado también por la falta de familiarización con las ventajas de las fuentes de generación limpia, la necesidad de crecer la demanda de combustóleo de Pemex y el continuo enfoque en el concepto de soberanía energética nacional.
El combustóleo sería una de las razones principales para el cambio aprobado por Cenace, ya que Pemex no va a reducir su operación en las refinerías a partir del crudo que extrae. También por su negativa a los cambios normativos en general. A partir de este año, la regulación internacional obliga a los navíos a disminuir su consumo de este hidrocarburo en un 50%, por lo que la demanda habría caído incluso antes del periodo de aislamiento.
Sobre la soberanía energética, Villeda resaltó que, aunque algunos parques son propiedad de empresas extranjeras, la dependencia del gas y el carbón también ata a la proveeduría de estos insumos desde países como Estados Unidos y Australia, por lo que el panorama no es mucho mejor.
El acuerdo del Cenace se erige como la tercer gran acción en sentido contrario a una política que promueva el uso de energías limpias, asumida por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que afecta directamente la viabilidad de estos proyectos.
Primero fue la cancelación de las subastas de largo plazo y la segunda fue el cambio al reglamento para la expedición de certificados de energía limpia (CELs). Al igual que los cambios actuales, los primeros dos ocasionaron el rechazo inmediato del sector privado y generaron cuestionamientos sobre su justificación técnica.
La gota que derrama el vaso
La maniobra del Cenace atrajo la atención del Consejo Coordinador Empresarial, que amenazó con tomar acciones legales. Según Narváez, el hecho de que no se trata de la primer medida que afecta a grupos privados, aunada al impacto inmediato, podría haber acelerado su accionar.
La justificación para el paro de las pruebas fue la fragilidad de la red de transmisión.
Alfonso Gutiérrez, country manager de Antuko México, explicó que la dificultad para calcular la demanda diaria podría ser razón técnica suficiente para detener estas pruebas, pero advirtió que el resto del texto del acuerdo es mucho más problemático.
El documento permite al Cenace modificar la categoría bajo la cual están registradas ciertas centrales, para pasar de “despachable” a “no despachable”, lo que podría otorgar a las que consumen combustóleo producido por Pemex la calidad de ‘must run’, aumentando así el consumo del hidrocarburo y también los índices de contaminación del sistema nacional.
Otro problema con el acuerdo es el hecho de que la atribución de realizar este tipo de ajustes debería recaer en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y no en el Cenace. Incluso, una fuente mencionó que miembros de la CRE habrían externado su sorpresa ante las acciones del centro, y que podrían hacer pública su postura en un futuro cercano.
Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector energético, explicó que la CRE es el organismo que se encarga de instrumentar mecanismos y lineamientos para asegurar el suministro y la integridad del sistema en una contingencia como la actual, por lo que debió haber sido ésta la institución que promulgara el acuerdo.
En este sentido, señaló que Cenace se está adjudicando responsabilidades que no le corresponden, por lo que estarían incurriendo en terrenos peligrosos incluso en materia penal.
Un problema más del texto es la falta de una temporalidad específica para los cambios propuestos.
Si se hablara de un tiempo definido no me preocuparía, pero sabemos que la actual administración tiene mucha resistencia a las centrales limpias privadas, y ahora tiene la excusa perfecta para decir ‘ah, es que está suspendido porque hay COVID-19′
dijo Gutiérrez.
El acuerdo menciona que los cambios son necesarios durante el periodo de contingencia, pero Narváez resaltó que una contingencia sanitaria y una contingencia eléctrica no son la misma cosa, y que incluso tienen poca relación entre sí.
“Eso no es trivial, porque la lamentable situación no se traslada directamente al mercado eléctrico. Cenace trajo a considerandos eventos desde hace muchos años, que está bien que los tengan identificados, pero que no tienen nada que ver con la batería de lo planteado en el acuerdo”.
La luz al final del túnel
Las condiciones de inversión en el país se encuentran deterioradas, principalmente por decisiones que el gobierno federal ha tomado dentro del sector energético. El acuerdo del Cenace podría socavar aún más las intenciones de inversión en esta y otras industrias.
Sin embargo, los tres analistas coincidieron en que México tiene condiciones atractivas, y la mayoría de las inversiones tienen un tiempo de vida superior al de una administración, por lo que algunos inversionistas podrían traer dinero sin importar el riesgo actual.
“Es importante pensar en la vida de los activos. Una central solar no es una cosa que se desarrolla y se construye en un año o dos, y es un activo que genera ingresos estables durante 30 años. Los inversionistas saben que las reglas del mercado hoy son complicadas, pero esto no durará mucho: incluso con otro gobierno de Morena, con otra gente al frente, sería de otra naturaleza”, destacó Gutiérrez.
