La Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió al menos dos memorándums a sus Unidades de Hidrocarburos y Electricidad durante los meses de agosto y septiembre, en los que solicitó se abstuviera de desahogar procesos pendientes de aprobación, lo que representa un abuso de autoridad y un obstáculo más al crecimiento del sector energético en México.
“Lo legal está por encima de lo regulatorio y normativo. La existencia de este documento operativo de la propia comisión no tiene efectos de modificación a la ley de hidrocarburos o de la industria eléctrica porque la CRE no tiene facultad para legislar”, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
“Es un instrumento que utiliza fundamentos de ordenamientos jurídicos, pero eso no quiere decir que esté fundado y motivado correctamente”.
Arroyo destacó que todo acto de autoridad, ya sea interna o con relación a los gobernados, debe tener una correcta fundamentación y motivación, así como seguir otros requisitos de la legislación en materia de derecho administrativo.
“El secretario ejecutivo de la CRE, de manera unilateral, estableció estos lineamientos para suspender modificaciones, actualizaciones o aprobación de permisos nuevos. Estamos hablando de todas las actividades reguladas por la CRE”.
En el memorándum emitido en septiembre señala que la unidad “deberá abstenerse de resolver el desahogo de los procesos señalados (…) toda vez que dichas facultades serán desarrolladas directamente por el Órgano de Gobierno”.
El oficio fue emitido por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, en su calidad de coordinador del funcionamiento del órgano de gobierno. “Lo que se está haciendo es recordarles que hay instrucciones derivadas de reuniones que tienen que ser acatadas, y se están retirando facultades que el propio Órgano de Gobierno les había conferido”, explicó René Narvaez, experto en el sector.
Oigan amigos, hoy @FT publicó una nota, en la que citan estos documentos.
Esto es grave.
¿Recuerdan el memorándum y el pliego petitorio que el mismo @FT publicó?
Eran declaraciones, ilegales, pero solamente eso.
Ahora tenemos un oficio que hace oficial el freno al sector.
Esto… https://t.co/ub7kltmXbJ pic.twitter.com/tTwKMlR1iY— Victor Ramirez C. (@vicfc7) October 13, 2020
“Se está continuando con la inhabilitación y las trabas, con encontrar cualquier recurso disponible para ralentizar el desarrollo del subsector eléctrico y el subsector de hidrocarburos”, señaló Narvaez.
La decisión de haber detenido actividades, al menos durante los últimos dos meses, representa un abuso de autoridad comprendido en el catálogo de conductas del código penal. “Cuando una autoridad o algún órgano de la función pública niega injustificadamente el servicio a los ciudadanos sin justificación alguna, se está cometiendo este delito, y es un delito que cometen los servidores públicos”, aclaró Arroyo.
El abogado adelantó que ya existe movimiento en el sector eléctrico que podría devenir en demandas de amparo, y que es probable que lo mismo ocurra en distintos niveles del sector hidrocarburos. Antes de que estos documentos se hicieran públicos no existían pruebas materiales de la omisión, por lo que esta publicación podría cambiar la naturaleza de los procedimientos legales.
El acuerdo ocurre después de múltiples reuniones entre reguladores y representantes del Ejecutivo, y después de que el comisionado Celestinos fuera grabado en una sesión extraordinaria señalando que las acciones que se estaban llevando a cabo eran “en atención a la solicitud de Presidencia”, lo que representa un conflicto de intereses para un órgano que supone ser autónomo.
“Parece que las piezas encajan perfecto en el rompecabezas de ‘vamos a retrasar el desarrollo, no sólo de la industria eléctrica, sino de todo el sector, a toda costa’. Presidencia se ha quejado de que la CRE daba permisos sin ton ni son y eso no es cierto: hay un procedimiento al que los funcionarios estaban y siguen sujetos”, destacó Narvaez.
