Nota del editor: Se añadió la postura de Constellation Brands a las 14:00 horas
La cervecera estadounidense Constellation Brands optó por la vía de la conciliación para resolver la disputa sobre el freno a la construcción de su planta en Mexicali, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles.
La empresa rechazó enfrentarse legalmente con el gobierno mexicano, indicó el titular del ejecutivo, tras una reunión con directivos de Constellation el martes.
“Fue buena la reunión, había dos posibilidades: una era ir a tribunales, la otra, la vía de la conciliación y ellos aceptaron la vía de la conciliación, el acuerdo, y eso es algo positivo”, señaló en su conferencia matutina.
“Me quedé muy satisfecho por la actitud de los directivos de esta empresa cervecera. Fueron muy respetuosos, nada de prepotencia, y entendiendo el por qué de esta decisión, y buscando opciones en plan propositivo”, mencionó.
El gobierno ya se encuentra evaluando las alternativas para alcanzar un acuerdo con la compañía, como realizar la construcción de la planta en otro lugar, dijo López Obrador.
La empresa mencionó a través de un comunicado que, tuvo un diálogo respetuoso con el gobierno del país sobre el futuro de la factoría en Mexicali.
“Continuaremos trabajando con las autoridades en búsqueda de un acuerdo que beneficie a todas las partes. Reiteramos nuestro compromiso con las comunidades de las que formamos parte, con nuestros colaboradores y con los cientos de proveedores locales que forman parte de nuestras cadenas de valor en el país”.
Entre el 21 y 22 de marzo, se llevó a cabo una consulta pública, cuestionada por organismos empresariales, que tuvo como resultado el rechazo de la construcción de la planta en la capital de Baja California.
La semana pasada, la empresa que controla las marcas Corona, Modelo, Pacífico y Victoria en Estados Unidos, informó que estaba lista para iniciar conversaciones con el gobierno federal con el objetivo de iniciar un plan de acción en conjunto para continuar con la construcción de la planta, cuya inversión ascendió a 1,400 millones de dólares.
El gobierno federal podría ir a juicio en un panel internacional de no resarcir el daño económico provocado a la compañía por la suspensión de la construcción, de acuerdo con el artículo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
