Esta semana, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dejó oficialmente sin efecto un artículo del acuerdo 43 que delegaba responsabilidades de actualización de permisos a las Unidades Administrativas correspondientes. Este acto devolverá el poder de decisión a los seis comisionados y al comisionado presidente, algo que afecta a sus regulados y se perfila como un obstáculo a la competencia.

“Se crea una discrecionalidad por parte del órgano regulador. Se somete al arbitrio o a la consideración de los comisionados del órgano de gobierno”, señaló Santiago Arroyo, abogado especialista del sector.

“Esta nueva disposición va a afectar totalmente al ámbito de la competitividad porque se somete a consideración subjetiva y deja en un estado de total indefensión al mercado energético del país, y los únicos beneficiados de forma inmediata son Pemex y CFE”.

Arroyo señaló que la falta de competencia llevará a la parsimonia en la evolución de las Empresas productivas del Estado, por lo que también son afectadas, aunque de forma indirecta. Otros afectados de forma indirecta: los consumidores.

La nueva normatividad requiere que la mayoría de los comisionados aprueben las solicitudes, y hasta el momento sólo el comisionado Celestinos se ha mostrado en contra de las decisiones que tienen una resolución favorable a los privados.

“Los requisitos no fueron modificados pero, independientemente de que los cumplas, se añadió un procedimiento adicional que depende enteramente de los comisionados y es el mercado entero el que dependerá de ellos. Una vez más estamos hablando de que al empresario no se le está dando la garantía y certeza jurídica que requiere”, dijo Arroyo.

El abogado explicó que el acto de autoridad genera una nueva normatividad, por lo que debió haber pasado por el proceso de Manifiesto de Impacto Regulatorio en la Conamer, algo que no ocurrió. Además, destacó que se trata de una afectación directa a todos los regulados que ya cuentan con un permiso.

Al interior de la Comisión, la operación tendrá que ser modificada para que los comisionados puedan atender el creciente número de decisiones que la normatividad les solicita. Antes de que el acuerdo 43 entrara en vigor, el órgano de gobierno sesionaba con mayor frecuencia de lo que lo hace ahora.

“En la actualidad manejan cerca de una sesión al mes y, mientras no se realicen ajustes, esta podría ser una excusa más para detener la emisión de permisos”, explicó una fuente con conocimiento de los procedimientos.

Tanto el mercado eléctrico como los distintos niveles del mercado de hidrocarburos ven afectados prácticamente todos sus trámites con esta modificación.

Las actualizaciones, que son cambios minúsculos, serán recibidos por la Secretaría Ejecutiva para turnarlos a las unidades correspondientes antes de enviarlos a los comisionados, quienes informarán de su decisión.

“Las modificaciones tendrán que ser aprobadas en una sesión del órgano de gobierno, y es imposible saber cuánto tomará ser turnado.

Antes de la pandemia, la CRE traía un atraso de 12 a 14 meses, que aumentó unos 3 o 4 meses con el confinamiento. El nuevo cambio traerá a la industria una ventana de incertidumbre de este tamaño, pues no sabemos si se pondrán al corriente tomando en cuenta el número de solicitudes que se vienen”, apuntó la fuente.

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