La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por 626,457 millones de pesos a 11 empresas y 14 personas físicas que se pusieron de acuerdo para repartirse siete licitaciones en el sector salud.
Las licitaciones fueron convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de acuerdo al órgano autónomo.
Los concursos se referían a contratar servicios integrales de estudios de laboratorio y de sangre entre 2008 y 2015. La situación generó un daño al erario de al menos 1,200 millones de pesos por el pago de sobreprecios por parte del IMSS y el ISSSTE a las empresas sancionadas, porque para algunas pruebas el sobreprecio fue de hasta 58.8% y se pagó a lo largo de diez años por ambos institutos.
Las firmas sancionadas fueron: Selecciones Médicas (Seme); Selecciones Médicas del Centro (Semece); Centrum Promotora Internacional (Centrum); Impromed; Instrumentos y Equipos Falcón (Falcón); Dicipa; Grupo Vitalmex (Vitalmex); Vitalmex Internacional; Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico.
Lo anterior constituye una práctica monopólica absoluta, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica, al ser arreglos e intercambios de información entre agentes económicos comprometidores ente sí, con el objetivo y/o efecto de coordinar posturas en licitaciones públicas
informó la comisión en un comunicado.
El modo de operar de los involucrados era sostener una comunicación intensa en días previos y posteriores a la presentación de posturas de los procedimientos a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Las pruebas de laboratorio clínico y de sangre son dos de los principales insumos para la atención de los derechohabientes, pues resultan indispensables para la detección y diagnóstico de enfermedades, así como la atención hospitalaria.
Mientras que el servicio integral de banco de sangre es necesario para que el personal médico de las instituciones públicas de salud obtenga datos que son insumos de diversos procedimientos médicos como cirugías, tratamiento de enfermedades hematológicas, pacientes con quemaduras, entre otros.
Hasta el momento, la Cofece carece de facultad legal para limitar o inhabilitar la participación de las empresas sancionadas o que sea investigada por el órgano en procesos de contratación pública.
“Una vez que se ha notificado a las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece”, de acuerdo a lo compartido por la comisión.
