Un reporte publicado la semana pasada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sugiere que el gobierno federal debería considerar la opción de que Pemex y CFE coticen en La Bolsa Mexicana de Valores, una opción que analistas del sector han puesto sobre la mesa en los últimos años.
Sin embargo, este proceso se antoja opuesto a los intereses de la actual administración, además de que incluso administraciones subsecuentes tendrían que enfrentarse a múltiples obstáculos antes de poder tomar una decisión de esta naturaleza.
El reporte titulado ‘Respuestas al Memorándum Órganos Reguladores del Sector Energético’ dice que ambas empresas requieren una reforma de fondo en su estructura, la cual debe comenzar con cambios a la composición del consejo administrativo y un mayor número de auditorías a las contrataciones, para culminar con la cotización pública de las empresas.
Este proceso tendría la ventaja de permitir la inyección de fondos sin afectar las finanzas públicas, aunque requiere de voluntad política para impulsar otros cambios necesarios antes de que una oferta pública resulte viable para cualquiera de las dos entidades.
“El hacer una modificación de esta índole tendría que venir con una serie de complementos muy importantes en materia de gobierno corporativo, y en identificar plenamente cómo hacer la toma de decisiones que garantice que se está respetando el carácter productivo que tendría esta empresa pública”, señaló David Rosales, socio de Midstream & Downstream en la consultora Talanza Energy.
Advirtió además que hacer públicas a estas empresas no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para conseguir un objetivo, que presumiblemente sería la consecución de mayor rentabilidad a los accionistas, que en este caso es Hacienda.
Una venta de acciones, sin embargo, puede resultar en una entrada temporal de capital, que además requiere un plan claro para destinar los fondos dentro de las propias empresas, con objetivos a corto y largo plazo. De otra forma “sólo se está capturando dinero para el presupuesto”.
Si las dos empresas emitieran acciones el día de hoy, solo “se aceleraría su muerte”, pues no tienen las condiciones necesarias para generar confianza en los inversionistas potenciales, consideró Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
Si Pemex quiere ser rentable y expandir su capacidad de refinación debe cambiar sus estrategias. Asociarse con empresas especializadas para rehabilitar sus 6 refinerías y controlar esos proyectos es un primer paso.
Revisa todas nuestras propuestas: https://t.co/N2TQUuCw4S pic.twitter.com/Rkt1AD3oHW
— IMCO (@imcomx) September 2, 2020
“Vamos a tomar el ejemplo de Saudi Aramco, que tuvo un proceso de trabajo de 15 años, según los datos de la propia petrolera. Ese periodo sirvió para ajustar sus planes a la creación de valor. Las empresas necesitan un periodo similar con una administración muy estricta”, señaló Arroyo.
El compendio jurídico comprendido en la reforma ya transforma a ambas empresas en agentes económicos en vez de agentes del Estado. A pesar de esto, las dos últimas administraciones no han realizado los cambios necesarios tras esta transformación.
“Si tú ves el diseño de las dos leyes se nota el diseño de una empresa. Están en un esquema financiero pre-IPO por su relación con las calificadoras crediticias, que miden que se genere valor a través de sus actividades. A pesar de esto, en la actualidad se les da el tratamiento de una dependencia y se nota en las decisiones que requieren de más recursos de los que tienen las empresas”, advirtió Arroyo.
Una vez que existan las condiciones necesarias, se necesitaría hacer una reforma constitucional, además de diversas modificaciones a las leyes de CFE y Pemex, lo que también requiere cierto capital político.
Para Rosales, la gran ventaja de una eventual oferta pública es que es más difícil de revertir, por lo que las decisiones se vuelven de más largo plazo.
“Tal vez en este momento tienes un gobierno corporativo sólido que tome buenas decisiones de inversión, pero si sacas (a la bolsa) una buena parte de acciones, ya la propia exigencia del tenedor de las acciones se vuelve permanente y se vuelve un asunto más estratégico y sostenible”, dijo.
Esta circunstancia se transformaría en una mayor cantidad de contrapesos para las decisiones del gobierno federal: uno de los pendientes más importantes de la Reforma Energética en su estado actual.
