La velocidad con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hace cambios a la normativa energética que rige la generación eléctrica y el comercio de hidrocarburos ha provocado que algunos consultores aprovechen la incertidumbre para promover acciones que no benefician a las empresas y que resultan en gastos innecesarios para las compañías que temen por el futuro de sus negocios.

“Son estrategias de mercado y comercialización de servicios. Sabemos que así como hay una oferta que se ciñe a lo que está establecido en las buenas prácticas hay otra oferta que es legítima, pero abusa de ciertas circunstancias como el desconocimiento y el temor”, explicó Santiago Arroyo, abogado experto del sector.

La técnica del miedo es efectiva porque los regulados temen sanciones ante el incumplimiento de las nuevas regulaciones.

Incluso, dijo que en grupos de Facebook que agremian a los regulados abundan las publicaciones que hablan de posibles sanciones e incluso cierres, cuando la normatividad no contempla acciones tan drásticas.

“Los cambios que han habido han sido tan rápidos y dinámicos que los regulados se quedan rezagados por no tener el detenimiento de revisar las nuevas normas, y se confían de lo que digan estas empresas o estas personas”, advirtió el abogado.

Arroyo revela que algunas de las empresas que cometen estas malas prácticas se escudan en su relación con ex-funcionarios de Pemex o CFE para señalar que tienen el expertise necesario para asesorar a los regulados que buscan protección ante los cambios normativos.

El abogado destacó que los despidos masivos en la Comisión Reguladora de Energía y en la Secretaría de Energía llevaron a un aumento en la competencia del sector de consultoría, pues se trata de gente preparada y actualizada.

Sin embargo, los cambios normativos han sido tantos que algunos de los ex-funcionarios de Pemex y CFE ya no tienen conocimientos actualizados sobre los requisitos que piden los reguladores.

Algunos asesores también se jactan de tener “conocidos” en ambos reguladores para dar confianza a las empresas de que pueden acelerar los procesos que se realizan al interior de estos.

Arroyo destacó el ejemplo de los permisos a las gasolineras, que algunos consultores presumían obtener en un mes, a pesar de que esta era la temporalidad que el regulador normalmente tomaba para aprobarlos sin ayuda de terceros.

Dos empresas consultadas por EL CEO que fueron víctimas de este tipo de prácticas denunciaron que se trata de fraudes dirigidos a las empresas que no son suficientemente grandes como para tener su propio departamento legal, y que se han visto afectadas por los múltiples cambios en los últimos dos años, al no poder mantenerse al día con las constantes modificaciones normativas.

“Cuando nosotros comenzamos a operar las dádivas a reguladores eran el pan de cada día. Parecía que estas prácticas se estaban acabando el sexenio pasado, pero de repente llega alguien a decirnos que sí existen y que sólo él sabe cómo hacerlo y es difícil no creerle porque sabemos que la corrupción no es fácil de erradicar”, señaló el director de un grupo gasolinero que pidió no ser identificado.

“Uno preferiría no caer en esto, pero la burocracia es poco eficiente y a nosotros nos cuesta cada día que esperamos una aprobación. La gente que lucra con esto lo sabe, y sabe que su promesa es atractiva”, continuó.

Arroyo señaló que los mercados de servicios básicos y de retail, como las gasolineras y la generación distribuida, representan la mayor demanda de servicios legales externos, por lo que tienen también el mayor riesgo de caer en este tipo de prácticas.

“Se da una democratización de las inversiones, y gente que no se dedicaba a esto ya lo hace. Esta gente que se va integrando va cayendo en las garras de estas personas, y muchos de ellos incluso se agarraban de las asociaciones de proveedores de la industria para entrar, porque no había esta estandarización o este cuidado”, advirtió.