La canadiense ATCO acordó transferir a México la propiedad de un gasoducto no terminado que estaba inmerso en una disputa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijeron a Reuters dos funcionarios, con lo que se muestra un inusual avance en las actuales tensiones sobre el sector energético.
En octubre pasado se dio a conocer que en 2021 la empresa estatal mexicana de electricidad tuvo que pagar a ATCO 100 millones de dólares en concepto de daños, intereses y honorarios legales por el gasoducto Ramal Tula, en el estado Hidalgo.
El acuerdo para entregar el gasoducto liberará a ATCO de responsabilidades y dará al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la oportunidad de terminar el proyecto paralizado que fue diseñado para suministrar gas natural a una central eléctrica al norte de Ciudad de México
dijeron las fuentes.
Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que el acuerdo para entregar el proyecto se alcanzó después de que AMLO se reuniera en enero con el primer ministro, Justin Trudeau, quien aprovechó sus conversaciones para plantear las preocupaciones de las empresas energéticas canadienses en México.
López Obrador se reunió después con representantes de empresas energéticas canadienses, incluida ATCO, y los detalles de la transferencia se cerraron a finales de febrero. “No hubo un pago involucrado en la transferencia”, dijeron las fuentes.
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Disputas no resueltas en materia energética
El acuerdo, beneficioso para ambas partes, contrasta con conversaciones de disputas no resueltas centradas en las políticas energéticas de López Obrador, que han enfrentado a Estados Unidos y Canadá con México.
ATCO, CFE, el gobierno canadiense y la oficina de López Obrador declinaron responder inmediatamente a solicitudes de comentarios de Reuters.
López Obrador ha argumentando que los gobiernos anteriores sesgaron el mercado energético mexicano a favor del capital privado, por lo que ha tomado una serie de medidas para reforzar el control estatal del sector.
Sin embargo, las empresas estadounidenses y canadienses argumentan que sus medidas las ponen en desventaja e incumplen el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
ATCO acudió al arbitraje porque después de que López Obrador asumió el poder en 2018, la CFE canceló un contrato que la empresa, con sede en Calgary, hizo con la administración pasada para construir el gasoducto, con el argumento de que la obra estaba incompleta
informó Reuters.
Para entonces, ATCO ya había terminado la mayor parte del gasoducto de 17 kilómetros. Sin embargo, la empresa canadiense dijo que no podía completar el tramo final debido a la resistencia de las comunidades locales e invocó una fuerza mayor.
Las fuentes completaron que la empresa argumentó que México no había hecho lo suficiente para permitir la finalización del gasoducto y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres le dio la razón. México pagó en diciembre de 2021.
El gobierno anterior en México valoró inicialmente el proyecto Ramal Tula en 66 millones de dólares cuando se adjudicó el contrato en 2014.
