AIFA: el origen de la nueva turbulencia para la aviación mexicana
La aviación en México enfrenta una nueva turbulencia. El Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos tiene en la mira a las aerolíneas mexicanas por el supuesto incumplimiento, por parte del gobierno mexicano, del Acuerdo de Transporte Aéreo vigente entre ambos países desde 2016.
Las autoridades estadounidenses emitieron un par de ordenes ejecutivas en contra las aerolíneas mexicanas, en represalia por lo que considera violaciones a dicho acuerdo. Las medidas también se enmarcan en la política de “América primero” del presidente Donald Trump.
Que estas acciones sirvan de advertencia a cualquier país que crea que puede aprovecharse de Estados Unidos, de nuestras aerolíneas y de nuestro mercado
dijo Sean P. Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos.
La primera de las órdenes ejecutivas prevé que las aerolíneas mexicanas con operaciones en Estados Unidos deberán obtener una autorización del DOT para operar vuelos chárter de carga o pasajeros con aeronaves grandes. La solicitud deberá realizarse con al menos 30 días de anticipación, y la autorización podrá ser modificada o revocada por el DOT en cualquier momento.
La segunda orden prevé la obligación, por parte de las aerolíneas mexicanas, de registrar todas sus operaciones entre Estados Unidos y cualquier punto fuera de ese país. El plazo límite para hacerlo es el 29 de julio, y el registro de cada operación deberá contar con el tipo de aeronave, frecuencia y días de operación, aeropuertos donde operan, así como los horarios de aterrizaje y despegue. Este mismo reporte deberá ser presentado para las operaciones que busquen operar.
Las órdenes ejecutivas son una respuesta de Estados Unidos a dos medidas que marcaron a la aviación nacional durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y cuyo objetivo fue impulsar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignia de su administración.
La reducción de slots en AICM, una de las causas del conflicto
La primera de ellas es la reducción de horarios de aterrizaje y despegue –o slots– en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM). En octubre de 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la reducción de 61 a 52 operaciones por hora en el aeropuerto más importante del país. El ajuste se justificó como una medida para atender la saturación de las dos terminales aéreas del AICM, que se declaró en ese año.
La reducción se concretó pese a que en mayo de ese año la Secretaría de Gobernación anunció un acuerdo con las tres principales aerolíneas del país, con el objetivo de elevar el número de operaciones del AIFA, sin afectar las operaciones del AICM.
El ajuste, según lo dicho por las autoridades en aquella ocasión, sería temporal. No obstante, no solo permaneció, sino que en agosto de 2023 se llevó a cabo una nueva reducción a 43 operaciones por hora.
Fue hasta mayo de este año, que la SICT anunció el incremento de operaciones en el AICM, que pasó de 43 a 44 operaciones por hora para la temporada de verano e invierno. Sin embargo, especialistas apuntaron que dicha medida tendrá un impacto poco significativo para las aerolíneas.
En términos porcentuales, la incorporación representó apenas un alza de 2.3% respecto a las 43 operaciones por hora. Además, las 44 operaciones aún están 27.9% por debajo de las 61 operaciones con las que contaba el AICM antes de la primera modificación.
Carga aérea en el AICM, la otra polémica del nuevo conflicto en aviación
La segunda es el decreto que obligó a las aerolíneas nacionales y extranjeras a trasladar sus operaciones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con ello, el entonces presidente López Obrador buscó posicionar el nuevo aeropuerto, que inició operaciones en marzo de 2023.
El complejo fue la opción de su gobierno tras cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a finales de 2018, luego de una polémica consulta ciudadana.
Para ello, en febrero de 2023 el gobierno mexicano el gobierno mexicano emitió un decreto para suspender las operaciones de carga del AICM, y estableció el AIFA como la nueva sede. Inicialmente, las aerolíneas contarían con 108 días naturales para reubicar sus operaciones.
En respuesta, organizaciones como la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) advirtieron los riesgos de la medida. Entre ellos enlistó el daño al funcionamiento de las cadenas de suministros y la pérdida de empleos de los trabajadores de carga del AICM. Pese a ello, fue el 1 de septiembre de ese año cuando se cumplió el plazo.
Para especialistas, este traslado implicó duplicidad en procesos operativos y administrativos, menor eficiencia en conexiones multimodales, así como la reconfiguración de rutas para transportistas de última milla y de empresas courier.
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