Empresas mexicana

9 de julio 2020 | 5:00 am

Desde que entró en vigor en México hace 20 años la Ley de Concursos Mercantiles, solo 778 empresas han solicitado la figura de reestructura financiera, equivalente al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Sin embargo, el número de veces que se ha recurrido a este mecanismo en el país representa apenas una quinta parte de las solicitudes estadounidenses registradas durante el primer semestre de este año.

Si bien es posible explicar el desuso de dicha figura en México desde diversos enfoques, hay tres factores en los que coinciden los especialistas: la falta de eficacia en el proceso concursal, las investigaciones a las que son sometidas las empresas y el miedo a la liquidación.

La crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus que tiene frenadas parcialmente a la mayoría de industrias desde hace varios meses precipitó el uso del Capítulo 11 en Estados Unidos entre enero y junio de 2020.

De acuerdo con el despacho legal estadounidense Epiq, las solicitudes de reestructura comercial aumentaron de 2,855 en los primeros seis meses de 2019 a 3,604 en el mismo periodo de este año. Esto significa un crecimiento de 26% en comparación interanual.

En México solo siete compañías solicitaron ir a concurso comercial en ese lapso. El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) recibió 38.9 solicitudes en promedio anual desde el 2000 hasta ahora, según datos históricos de la Pizarra concursal del organismo.

El concurso mercantil es una herramienta legal a la que puede acudir una compañía para reorganizarse cuando su nivel de deuda le impide continuar el pago de sus compromisos financieros, según una definición del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Mientras que en Estados Unidos basta prácticamente con que una empresa solicite acogerse al Capítulo 11 para obtener el congelamiento de intereses sobre sus adeudos y suspensión de pagos, en México la aprobación depende de una investigación integral de la compañía, según Carlos Olvera, especialista en reestructuras financieras.

Librar sanciones penales

El objetivo principal del concurso mercantil es conservar las operaciones de una empresa a través de convenios propuestos por un visitador designado por las autoridades. Así lo resume Hector Arce Moreno, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) experto en litigio comercial.

“Si no es viable una reestructura, entonces se declara la quiebra de la empresa y se liquidan los créditos. En primer orden a los trabajadores, luego los créditos de Hacienda, después los créditos privados y al final las deudas a los socios”, detalla Arce Moreno.

Pero la resolución de una solicitud puede extenderse varios meses, debido a que la reglamentación vigente implica una fiscalización que involucra a Ifecom, la Secretaría de Hacienda y los acreedores, complementa Rafael Giménez, abogado comercial.

“Por eso los socios prefieren arreglar directamente sus adeudos, aunque a veces ya no tengan bienes para hacer frente a sus obligaciones. Deberle a un acreedor no implica sanciones penales en México pero el fraude sí”, dice Giménez.

Las compañías que iniciaron el procedimiento formal este año son las industriales AZ Components y Fundición JV, así como el taller editorial Criba, Banca Mifel en su participación de un fideicomiso ambiental, y la textil T.T. Blue Store.

Corporativo Industrial Coahuila (Cicsa) y Minera del Norte (Minosa), subsidiarias de Altos Hornos de México (AHMSA), desistieron de sus solicitudes presentadas derivadas de la cancelación de contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el último mes, Aeroméxico y Famsa pidieron acogerse al Capítulo 11 de bancarrota en Estados Unidos, debido a que ambas compañías tienen operaciones y compromisos de pago en dicho país, detalla Giménez.

En el caso de Famsa, la Secretaría de Hacienda informó que la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó su licencia. Por ello, el ente fiscal comenzó el proceso de liquidación de la compañía regiomontana.

Pero los expertos no descartan que Aeroméxico se vea obligado a solicitar concurso mercantil en México en el futuro. De hecho, esta medida la pueden promover los propios acreedores de la compañía dirigida por Andrés Conesa, prevé Rafael Giménez.

“Los acreedores son los principales afectados en caso de un concurso mercantil. Cuando ICA solicitó reestructura en 2017, la constructora pretendía pagar entre 10 y 30 centavos por cada peso que le habían dado”, indica Carlos Olvera.

Pese a que la figura de concurso mercantil es poco utilizada en México desde su llegada al plano legal, los especialistas prevén un incremento de solicitudes este año, principalmente en industrias de turismo, eventos masivos, inmobiliaria, automotriz y otras.