¿SCJN con conflicto de interés en puerta? Los nexos empresariales de los candidatos a ministros
Una granja, decenas de sociedades inmobiliarias creadas el mismo día, socios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, este es el rastro empresarial —poco conocido— que poseen algunos de los 63 candidatos a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El próximo primero de junio, los mexicanos elegirán en una boleta morada a nueve aspirantes a ocupar un cargo en el Alto Tribunal —sin posibilidad de reelección— durante los próximos 12 años. Una vez que rindan protesta, ejercerán como jueces en materia constitucional.
Una investigación de EL CEO revela que 10 de los 63 aspirantes a ministros han sido socios fundadores de diversos negocios. Esta información, si bien no es obligatorio brindarla (como sucedió con la iniciativa “3 de tres”), la mayoría decidió no mencionarlo en su perfil ante el Instituto Nacional Electoral (INE), sus redes sociales o sitio web.
Algunos de los candidatos, además, no cuentan con experiencia previa como juzgadores; pero sí poseen trayectoria como abogados privados de compañías y empresarios.
De acuerdo con analistas consultados por este medio, este tipo de perfiles dentro de la SCJN podrían estar frente a potenciales conflictos de interés al decidir en casos relacionados con sectores a los que son afines.
Además, todavía no existen los mecanismos adecuados para revisar de manera efectiva los intereses de cada uno de los próximos juzgadores.
Hay ‘peligro’ en lo que no se dice
Pese a podrían excusarse de algún caso mercantil, laboral o administrativo al que son allegados, expertos consideran que tras bambalinas —como ocurre en la actualidad—, los futuros ministros tendrían capacidad de cabildear un caso con sus pares en la Corte.
En opinión de Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, a pesar que un ministro haga públicos algunos posibles conflictos de interés, la lista no es tan detallada y existe información que no es pública, a pesar de los esfuerzos de los órganos internos de control.
Incluso un ministro —que tiene un cargo con mucho poder— puede excusarse de alguna votación, pero eso no impide que pueda cabildear o ejercer presión para atender un caso del sector privado, donde tiene algún tipo relación, no necesariamente monetaria, pero sí algún vínculo familiar o personal.
[En su currículum] no es exhaustiva la lista de intereses y por lo tanto no se pueden contrastar las decisiones que van a tomar. Aún en el caso particular de un ministro, esto es especialmente importante porque todos los asuntos pueden llegar a la Corte. Y en ese momento tendrían que recusarse o excusarse, pero además advertir que van a evitar que haya tráfico de influencias. (…) O sea, la ausencia de información es más peligrosa que la que comparten
dijo Bohórquez en entrevista con EL CEO.
Próximos miembros de la SCJN deben exponer vínculos
Para Javier Martín Reyes, doctor e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el detalle de los posibles conflictos de interés debería alcanzar incluso a los socios en caso de que los candidatos a la SCJN tengan empresas, aunque también se deben exponer los vínculos políticos, sindicales o religiosos.
“Es obvio que nada más por una cuestión de tiempo y de capacidad, pues nadie se puso a revisar este tipo de cosas. No solo les deberían preguntar si tienen participación o no en empresas, sino qué tipo de empresas. A qué se dedican, si tienen antecedentes o si han sido sancionadas o han sido inhabilitadas o no en el ámbito administrativo, o sea, ahí hay muchísimas cosas importantes que no se valoraron”, declaró Martín Reyes.
Los ‘ministros empresarios’
“¿Puede un empresario llegar a la SCJN sin ser juez o magistrado?”, es el título de una de las entrevistas en redes sociales de Abraham Amiud Dávila Rodríguez, un abogado y hombre de negocios originario de Jalisco que aspira al máximo tribunal.
Este personaje se caracteriza por representar a médicos en casos legales y tener negocios relacionados con el mundo clínico.
EL CEO analizó el perfil de Dávila Rodríguez y encontró que hace apenas unos años fundó 20 sociedades: algunas con operaciones recurrentes en el sector médico y legal; la mayoría de ellas dedicadas a la compraventa, construcción y administración de bienes inmuebles, de las que no constan actividades recientes.
El 28 de marzo de 2022, Dávila constituyó las razones sociales “Offi-Vacations 21, S. A. de C. V.”, “Abdarosa 12, S. A. de C. V.”, que tiene una licencia de construcción en la Zona Metropolitana de Guadalajara y “Zivotim, S. A. de C. V.”, una aplicación de registro de historial médico.
Un día después, el 29 de marzo, fundó “Rabiben, S. A. de C. V.”, sin que queden claras sus actividades reales, pero registrada como una inmobiliaria.
El empresario también es propietario de la Arrendadora Erco, que da en comodato tanto equipo médico como vehículos.
“Una fortaleza que tenemos es con el personal de salud, tenemos 30 años trabajando con ellos, todos los días mi primer llamada es atender a alguien que requiere mis servicios… mi última llamada (es alguien que requiere mis servicios) y lo hago con mucho gusto, es mi pasión, ha sido mi vida”, declaró Dávila Rodríguez durante una entrevista.
Negocios del abogado de Collado
Por otro lado, el candidato Mauricio Flores Castro –conocido por ser el abogado de Juan Collado– es fundador de la organización inmobiliaria “Tulum Side Luxury Holdings, S. A. P. I. de C. V.”.
Entre sus socios, está Daniel Briman, un empresario inmobiliario que en enero pasado fue acusado por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), de edificar construcciones sin los permisos correspondientes en el sureste mexicano.
La granja de Sánchez Cordero
La candidata Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, es fundadora —junto con su madre— de la sociedad “Granja Santa Olga, S. P. R. de R. L.”, que se dedica a la comercialización, crianza y reproducción de animales, según el acta constitutiva, y opera en el municipio de General Terán, Nuevo León.
EL CEO no encontró información referente a las actividades que se realizan en dicha granja. Solamente se informó que cuenta con concesiones de uso de agua vigentes por 1.2 millones de metros cúbicos anuales, según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
En 2023, medios locales informaron que esas concesiones pertenecen a un acuífero citrícola, pero no queda claro si la granja produce algún tipo de cítrico.
Negocios con muebles
Los potenciales juzgadores también incursionan en los negocios de las mueblerías. Carlos Enrique Odriozola Mariscal, a la par de una carrera de abogado en un bufete propio, fundó la mueblería “Italia y Francia Interiores, S. A. de C. V.” en 2016, un hecho que no consta en su currículum oficial.
Mónica Arcelia Güicho González también inicó un negocio de venta de muebles y otros electrodomésticos, llamado “Electrónica Bilbao, S. A. de C. V.”, reportado en una declaración como funcionaria del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA). Su socio fundador en partes iguales es Luis Javier Algorri Franco, ex secretario del Trabajo y Previsión Social en Baja California, durante la gestión del morenista Jaime Bonilla.
El socio y expareja de Güicho González, también fue abogado del empresario Jorge Hank Rhon. Y en 2012, Algorri —quien fue ex secretario de seguridad pública de Tijuana— fue señalado de proteger a miembros del crimen organizado.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Javier Martín Reyes, explicó que la inclusión de perfiles empresariales en la SCJN podrá causar conflictos de interés en el supuesto de que los ministros decidan no excusarse –abandonar la discusión– al momento de conocer casos relacionados con sus empresas o industrias.
“Un abogado que tiene su despacho y pretende seguir litigando o ser socio al tiempo que es juez va a generar una impresión de parcialidad. Porque su despacho podría ser parte [en un caso] y él tendría que ser independiente respecto a las partes”, ejemplifica el especialista.
Además, indicó que la inclusión de esta clase de candidatos se debe a un proceso de selección, requisitos y evaluación deficiente en la elección del Poder Judicial. Esto debido a que por cuestiones de tiempo y capacidad, no hubo algún órgano que pudiera revisar minuciosamente los perfiles.
Excusarse no es suficiente contra conflicto de interés en SCJN
Por su parte, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana agregó que el excusarse de los asuntos con posibilidad de conflicto de interés no es suficiente para combatirlo, pues los ministros podrían hacer ‘cabildeo’ con sus pares y terminar afectando la imparcialidad de la Corte.
Según dijo, tendrían que abstenerse de participar en las discusiones, pero también deberían dejar claro que no van a tocar el tema con ningún otro ministro y no acercarse a ninguna de las partes. Aunque confesó que considera que hay astucia para ocultar figuras de conflicto de interés en la administración pública.
El gremio de los abogados es muy ágil en cuidar las formas, pero no atender el fondo del asunto, ¿no? Entonces, puede ser que se recuse, pero aquí hay que diseñar mecanismos que vayan sobre la forma y sobre el fondo
explicó.
No obstante, indicó que esta clase de mecanismos que observen e impidan los conflictos de interés en el Poder Judicial todavía tendrán que diseñarse en el futuro.
También hay candidatos a la SCJN que representaron a empresas
A la par de los perfiles empresariales, hay algunos candidatos a ministros de la SCJN cuya trayectoria se ha centrado en defender los intereses de compañías nacionales e internacionales, así como de empresarios.
El candidato Roberto Salvador Illanes Olivares, a través de su firma de abogados “Illanes & Co”, representó al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en un conflicto contra ejidatarios por 51 hectáreas de terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aunque también ha liderado estrategias legales a favor de Banamex, Universal Music y otras compañías de menor envergadura.
Un perfil similar es el de Javier Jiménez Gutiérrez, quien representó al consorcio ganador en el proceso de licitación de la privatización del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur); así como a un inversionista francés para el mismo acto, pero del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). De igual modo, ha dirigido estrategias legales para Alsea y Herdez, entre otras compañías, según su semblanza oficial.
Más abogados corporativos
Mauricio Flores Castro –quien tiene la empresa inmobiliaria de Tulum y abogado de Juan Collado– también fungió como el abogado de Alonso Ancira, entonces CEO de Altos Hornos de México (AHMSA), acusado de corrupción corporativa al vender una planta con sobreprecio a Pemex. Finalmente, se resolvió el pago de 216.6 millones de dólares, según el acuerdo reparatorio de la causa penal 211/2019 en poder de EL CEO.
La candidata Silvia Escudero Monroy, otra postulante al cargo, fungió como legal en bancos como Serfín y BBVA a principios de los 2000, aunque después se dedicó a los conflictos civiles, mercantiles y familiares durante el resto de su carrera.
Los perfiles crecidos en empresas públicas también buscan llegar a la SCJN en la próxima elección del Poder Judicial, como Luz María Zarza Delgado, quien fungió como directora jurídica de Petróleos Mexicanos después de un paso como magistrada en el Estado de México.
En las manos de los órganos de control
Bohórquez, de Transparencia Mexicana, explicó que, en caso de que alguno de estos candidatos llegue al cargo de ministro de la SCJN, la vigilancia de que no caiga en acciones de conflicto de interés será de los órganos internos de control, como el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), cuyos miembros también serán electos en votación popular.
“Es un tema muy sensible, especialmente para la corte, porque no es solo que estén relacionados con el sector privado, sino que de verdad la lista sea exhaustiva y sepamos todos y cada uno de los vínculos que tienen, personales, familiares”, explicó.
En palabras de Javier Martín Reyes, del IIJ de la UNAM, también se correrá el riesgo de que el TDJ comience a operar como otro brazo político afín al partido en el poder. Por ello, lejos de observar el buen funcionamiento de los jueces, podría servir para ‘castigar’ a aquellos que contravengan los intereses gubernamentales.
“Existe la posibilidad de que haya más criterios políticos y que esto (el Tribunal de Disciplina Judicial) se utilice más para presionar indebidamente a personas juzgadores que como verdaderos órganos de vigilancia, disciplina y administración, que es lo que tendrían que ser”, concluyó.
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