Heineken en Yucatán: la historia de ‘despojo’ para construir la fábrica de cerveza en tierra maya
En solo una década, un grupo de funcionarios locales, empresarios y contratistas gubernamentales convirtió tierras ejidales del noroeste de Yucatán, en un millonario negocio inmobiliario. Las transacciones tuvieron un beneficiario: la cervecera Heineken México, que adquirió la mayoría de esos terrenos para construir su nueva fábrica en la Península.
La cervecera neerlandesa –que en México vende cervezas como Indio, Tecate o Dos Equis– pagó más de 400 millones de pesos por los predios, pese a las red flags de los vendedores y los mecanismos de compliance de estándares éticos que deberían de tener este tipo de transacciones.
Antes de la operación, la red inmobiliaria realizó diversas acciones: desde transformar esas parcelas en propiedad privada, intervenir en asambleas ejidales y crear empresas fantasma, hasta revender o traspasarse terrenos entre ellos para incrementar su precio.
Una investigación de EL CEO revela que, mediante esas acciones, una fantasmal maquinaria inmobiliaria presuntamente despojó de sus tierras a un número indeterminado de ejidatarios de origen maya, y luego aumentó el valor de los terrenos; tal es el caso de un polígono de 28 hectáreas que inicialmente valía 5.8 millones de pesos en 2015, que vendieron a Heineken en 113.5 mdp a finales de 2024.
La cervecera se involucró formalmente con la red inmobiliaria el 15 de marzo de 2023, cuando firmó una promesa de compraventa a través de un fideicomiso en Banco Invex.
Seis meses más tarde, hizo oficial el anuncio: edificará una planta cervecera con una inversión de 8,700 millones de pesos, y con la que busca “aprovechar las ventajas de conectividad carretera, ferroviaria y portuaria” de Yucatán, en terrenos vecinos al Tren Maya y a pocos minutos de Mérida.
En respuesta a la solicitud de una postura, Heineken México respondió a EL CEO que tuvo contacto con una empresa inmobiliaria que ya contaba con un proyecto autorizado para el desarrollo de un parque industrial, pero no dio más detalles sobre los antecedentes de esos terrenos. Además, aseguró que fueron transacciones con integridad, transparencia y apego a la ley.
Fotoarte: Mariana Flores¿Una fábrica que avala el despojo de tierras?
El pasado 11 de junio, Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México, anunció –por segunda ocasión– durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la inversión para la nueva planta que se construirá en Kanasín, Yucatán.
Esta inversión es un reflejo de la confianza en el futuro de México y en la capacidad del sureste para ser un polo industrial sustentable
dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bonaclocha aseguró que el proyecto tenía el visto bueno de los habitantes de Yucatán, por medio de “consulta con los pueblos originarios”. Pero la vocera de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, Haizel de la Cruz, comentó a EL CEO que pudo tratarse de una consulta simulada, como acusan que también se hizo en el proyecto del Tren Maya.
“La consulta se ha usado para avalar el despojo. Es una cortina que han usado gobiernos y empresas para llevar a cabo los proyectos (…) vemos que hubo una violación enorme porque no se hicieron informadas, ni culturalmente adecuadas, ni de buena fe”, señala la vocera.
Más descontento por la planta
El descontento sobre el proyecto ha aumentado: incluso, en enero de 2024, pobladores de Kanasín, entre ellos ejidatarios, acusaron que la transformación del ejido a propiedad privada fue ilegal, así lo publicó el medio Por esto!
También se han presentado manifestaciones en Mérida, la capital de Yucatán, en contra del proyecto de la cervecera.
Manifestación en contra de la nueva planta de Heineken. Foto: Facebook Disidente MX/Nadia TecuapetlaEl medio local Jaltún informó que si bien la empresa realizó reuniones para explicar el proyecto a algunos pobladores, no publicó información ni las actas circunstanciadas de las sesiones con la cervecera para conocer los detalles de la consulta, tampoco se sabe cuántas personas participaron, qué propuestas de apoyo prometieron a la comunidad, o detalles del impacto ambiental.
El ‘proyecto fachada’ tras la inversión de Heineken
A pesar de los repetidos anuncios y hasta del ‘respaldo’ de la presidenta en la conferencia matutina, en los terrenos aún no han comenzado las obras de la fábrica, que tampoco cuenta con permisos ambientales específicos para su operación, ni existen nuevas concesiones de agua a su nombre.
Lo que sí existe es un proyecto previo para construir un desarrollo inmobiliario denominado “Indara II”, que venderá terrenos industriales a compañías. Para construir su fábrica, Heineken compró la mayoría de los lotes disponibles en la primera etapa, según documentos a los que EL CEO tuvo acceso.
Aunque, en el pasado, representantes de Indara respondieron “no saber” si la cervecera se instalará dentro de su desarrollo, luego de ser cuestionados por pobladores de Kanasín.
“Indara II” únicamente contempla construir vialidades, infraestructura de servicios, seguridad y una planta de tratamiento de aguas residuales. Para este propósito, ya obtuvo una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Heineken compró una gran parte de los terrenos ofrecidos en Indara II. Fotoarte: Mariana FloresSobre el uso del agua potable –una de las principales preocupaciones sobre la cervecería– el proyecto no plantea una estrategia determinada pues, como está asentado, será responsabilidad de las empresas que adquieran cada predio. Aunque sí tendrá una planta de tratamiento para las aguas residuales, consta en el documento.
Heineken, en terreno que incrementó 19 veces su valor
Casi año y medio después de la promesa de venta, el 23 de diciembre de 2024, Heineken –a través de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma– concretó la venta de, al menos, 11 terrenos rústicos –sin construcciones ni servicios, pero sí con árboles–. Previamente, estos fueron divididos y recibieron plena aprobación gubernamental federal, estatal y municipal.
Documentos del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán, consultados por EL CEO, muestran que la transacción más grande se dio por un terreno de 283,773.5 metros cuadrados por el que Heineken pagó 113 millones 469,392 pesos, identificado con el tablaje 18858-A.
Los vendedores de este terreno son rostros conocidos del sector inmobiliario de Yucatán —señalados por despojar tierras— y, además, un par de empresas sin un origen claro:
- Francisco José Faller Medina, empresario inmobiliario y socio de personajes como Dafne David López Medina, coordinador de asesores del gobierno estatal;
- Hernán Cárdenas Cámara, asociado de desarrollos inmobiliarios en Yucatán;
- Ricardo Millet Encalada, empresario inmobiliario y contratista gubernamental en el estado;
- Grupo Constructor VMT;
- Construcciones y Distribuciones MG.
Estas últimas organizaciones cuentan con todas las características de una empresa fachada: tienen únicamente dos socios fundadores sin antecedentes empresariales en el sector inmobiliario ni operaciones registradas anteriormente, según actas consultadas del Registro Público del Comercio (RPC).
Así cambió el ejido donde ahora estará Heineken
El predio antes mencionado —por el que la cervecera pagó más de 113 mdp— inicialmente tenía 14 hectáreas y transitó del régimen ejidal a la propiedad privada en 2015, cuando un grupo de 18 agricultores, la mayoría de ellos de origen maya y de la tercera edad, lo escrituró por primera vez.
Un año después, los empresarios de la red inmobiliaria la adquirieron por un monto de 3 millones 500 mil pesos, donde José Manuel Gil Baeza —funcionario de Kanasín— actuó como representante del grupo de los jornaleros.
Tras la compraventa, el terreno se fusionó con otro colindante: un predio de 14 hectáreas de superficie que se adquirió a título “gratuito” –utilizando beneficios de la Ley Agraria y posiblemente haciéndose pasar como ejidatarios– por Cárdenas, Millet y Faller en el año 2013.
El polígono también se unió con otro terreno, comprado por 2.3 mdp a Antonino Cascio, un latifundista señalado por el Senado mexicano por actos ilegales con inmuebles ejidales en 2016. Con estos movimientos, se creó el inmueble de más de 28 hectáreas que se vendería finalmente a Heineken por 113.5 mdp.
Es decir, la red de empresarios obtuvo un beneficio calculado en 1,848.27%: con una inversión inicial de únicamente 5.8 millones de pesos y en una transacción en la que los propietarios originales de la tierra, ejidatarios mayas, recibieron menos de 200,000 pesos cada uno.
La empresa clave en los terrenos de Heineken
Para establecer la planta en Yucatán, Heineken adquirió otros dos terrenos directamente a la empresa Grupo Constructor VMT: el predio con tablaje 16427-H1 por 98 millones 182,392 pesos –la segunda transacción más costosa– y el de numeración 16427-G2, por 11 millones 416,204 pesos.
Los dos predios pasaron por un proceso de subdivisiones y uniones. Aunque formaban parte de un terreno más grande, que fue privatizado por primera vez a nombre de Hernán Cárdenas Cámara y José Manuel Gil Baeza, quien actualmente es el coordinador de Gobierno y Seguridad Patrimonial del municipio de Kanasín, Yucatán.
De acuerdo con el acta constitutiva en poder de EL CEO, Grupo Constructor VMT S. A. P. I. de C. V. se estableció el 18 de septiembre de 2019 en Cancún, Quintana Roo. Los socios fundadores fueron Jorge Manuel Naal González y Josué Adán Balam Azuara, en partes iguales.
Ninguno de los dos cuenta con mayor actividad empresarial rastreable, ni antecedentes dentro del sector inmobiliario, tampoco cuenta con oficinas o empleados; características similares a las sociedades fantasma. EL CEO contactó a Naal González para determinar las condiciones en las que se creó la sociedad, sin que a la fecha de la publicación haya obtenido respuesta.
Esta empresa también fungió como intermediaria entre los primeros propietarios de las tierras y el Grupo Industrial Indara S. A.P. I. de C. V. –el vendedor final de las mismas– en los predios identificados con los números 1704-E y 20485 y medió transacciones que elevaron los precios de los mismos.
En conjunto, la presunta empresa fachada Grupo Constructor VMT se relaciona directamente con, al menos, cinco terrenos por los que la compañía cervecera neerlandesa pagó 272 millones 580,104 pesos. En todos los casos, se trató de tierras ejidales que se convirtieron en propiedad privada.
Funcionario de Kanasín, en las transacciones
El titular de la Coordinación de Gobierno y Seguridad Patrimonial de Kanasín, José Manuel Gil Baeza, también es uno de los socios fundadores de Grupo Industrial Indara, de acuerdo con el acta constitutiva en poder de EL CEO.
Esta empresa vendió dos terrenos a Heineken por un total de 49.513 millones de pesos. Entre los socios fundadores también están Carlos Manuel Gil Baeza, hermano del funcionario; su madre, Lourdes Marlene de Guadalupe Baeza Estrella y su padre, Manuel Jesús Gil Santos.
La familia Gil Baeza igualmente es propietaria de la compañía Progilba del Sureste, S. A. de C. V., que fue dueña parcial del lote 16424, en el que invirtió 1.6 millones de pesos, y que posteriormente vendió a Construcciones y Distribuciones MG –la presunta empresa fachada– por 13.2 mdp.
El terreno 16424 terminaría en las manos de Heineken tres meses después de que la familia Gil Baeza se deshiciera de él, en una operación de 48 millones 655,992 pesos, según actas consultadas.
Servidores de la Procuraduría Agraria están involucrados
Por otro lado, José Manuel Gil Baeza integró el grupo de propietarios del lote 16427-1, de casi cinco hectáreas, que se vendió a Heineken por 19 millones 895,132 pesos.
Entre los vendedores, también estaba Omar Corzo Olán, un político yucateco que ha sido diputado, secretario y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero que también fungió como delegado de la Procuraduría Agraria en la Península.
Otro funcionario de la Procuraduría Agraria involucrado en la misma transacción –en carácter de vendedor– fue Manuel Jesús Ontiveros Sosa, quien era jefe de departamento en la sede yucateca de la institución.
La Procuraduría Agraria es un órgano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dedicada a la defensa de la propiedad rural. Es decir, quienes deberían defender a los agricultores, participaron en los presuntos despojos de los terrenos que terminaron en manos de Heineken.
Los demás socios de Indara
El mayor accionista de Grupo Industrial Indara es Ricardo Millet Encalada, a quien medios locales como El Sol de Yucatán y El Diario de Yucatán han señalado por prácticas de corrupción en obra pública, donde obtenía licitaciones a través de un esquema de sobornos a autoridades.
Alberto García Cárdenas tiene el segundo mayor peso en la empresa. Prensa local también lo identifica como un acaparador de terrenos en el Sureste Mexicano, y miembro de un grupo que toma el control de los predios a través de asambleas ejidales simuladas.
La compañía Grupo Desur –además de ser la ‘cara’ tras la comercialización de Indara Industrial Park, pues la anuncia en su sitio web– también tiene participación en la sociedad. A su vez, esta es controlada por los hermanos Raúl y Mauricio Montalvo Vales, quienes han sido denunciados por organizaciones de defensa de la tierra.
Los Montalvo también vendieron un terreno identificado con el número 11153-1 a Heineken, a través de la compañía Deca Desarrollos S. A. de C. V. en una operación valuada en 57 millones 587,164 pesos.
Transacciones libres de impuestos
Al menos dos de las transacciones de los terrenos para la planta de Heineken en Yucatán también permitieron que los vendedores no pagaran impuestos. Se trata de los predios 16430 y 22285-A, los cuales fueron enajenados por primera vez a nombre de Alejandro Hadad Pinelo y Alberto García Cárdenas, respectivamente.
De acuerdo con un especialista en Derecho Civil consultado por EL CEO, estas transacciones pudieron haber estado libres de impuestos, citando al artículo 86 de la Ley Agraria, que prevé una exención de derechos federales para quien venda por primera vez un inmueble que haya transitado a la propiedad privada.
Es decir, dos ventas que suman una cantidad de 15 millones 169,028 pesos posiblemente no pagaron al Estado ningún tipo de gravamen federal por su compraventa.
Heineken: ‘la compra de terrenos fue legal’
En su respuesta a EL CEO previo a la publicación de este texto, Heineken México también expuso pormenores de la transacción:
“Para asegurar la integridad y transparencia, utilizamos un fideicomiso mediante el cual se realizaron los procesos de compra, garantizando que los recursos fueran entregados a propietarios que acreditaron legalmente la titularidad de los terrenos. Heineken México adquirió los inmuebles a precio de mercado, de conformidad con los avalúos comerciales correspondientes, debidamente validados. La escrituración fue validada notarialmente y se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad”.
La cervecera agregó: “En Heineken México actuamos con estricto apego a la ley en todos nuestros procesos. Como parte de una compañía global, nos regimos por estrictos estándares de cumplimiento, integridad y transparencia. Este compromiso se refleja de manera consistente en todas nuestras decisiones comerciales, operativas y sociales, incluyendo proyectos estratégicos como la construcción de una nueva planta.
En 2022 iniciamos el proceso de identificación y adquisición de terrenos en el municipio de Kanasín, Yucatán. La operación se llevó a cabo bajo un marco legal riguroso y transparente, supervisado en todo momento por un notario público, quien verificó la legalidad de la propiedad”.
Respuesta íntegra de la cervecera.
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