Aversión a la deuda y oportunismo político estancan a estados

Por primera vez en los últimos 10 años, las entidades federativas se encuentran con semáforo verde en sostenibilidad financiera y la mayoría tiene buenas calificaciones para adquirir deuda pública. Aunque esto les permitiría invertir en infraestructura, transporte, educación o el sector salud, entre otros, una gran parte de gobernantes y sus congresos han decidido no hacerlo.

EL CEO detectó que, en algunos casos, existe una aversión a la deuda pública por una línea que atiende al discurso político de la llamada Cuarta Transformación, donde se argumenta que el no “endeudarse” a largo plazo tiene como resultado finanzas sanas e, incluso, la austeridad.

“Firmamos el decreto constitucional ‘No más deuda en Michoacán’. Con esta reforma blindamos el futuro de las familias michoacanas, porque estamos convencidos de que el estado no se hipoteca, se construye con trabajo, honestidad y finanzas responsable”, declaró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el pasado 16 de marzo, durante la firma del decreto que prohíbe a la administración local contraer deuda a largo plazo.

Sin embargo, analistas consultados por este medio aseguraron que el no contratar créditos en ocasiones se traduce en sacrificar inversión planificada que detonaría mejores condiciones para la población y que, a su vez, atraería a nuevos inversionistas privados a las entidades.

Crédito en contexto electoral

Dos agencias calificadoras entrevistadas por EL CEO —quienes pidieron anonimato debido a que no tienen permitido brindar comentarios políticos— refirieron que además existe otro factor que detuvo la contratación de deuda: las próximas elecciones.

En opinión de las fuentes consultadas, algunos gobernadores se esperan a las vísperas de campañas electorales para adquirir créditos con el fin de destinar recursos a atender obras y beneficiarse —o a su partido— en terreno electoral. Dado que su gestión está por concluir, suelen contraer deudas de corto plazo.

“Creemos que este año pudiera reactivarse la inversión pública, mucho derivado precisamente del ciclo político electoral. Es un año previo al cambio de administración”, explica uno de los analistas de crédito.

Tan solo en 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y habrá elección de jueces y magistrados del Poder Judicial.

El desapego de los gobiernos estatales

“Generalmente sucede que cuando (las entidades) son del mismo signo político hay cierta alineación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales” dicen los expertos. Sin embargo, aseguran que han observado que desde el sexenio pasado los gobiernos estatales morenistas “han sido muy adversos a contratar deuda de largo plazo en general”.

Los analistas de las calificadoras consultados por este medio explican que dichas entidades no se están endeudando porque no todos los gobernadores están alineados con los proyectos que son prioritarios para la presidenta Sheinbaum.

En cambio, las cifras muestran que entidades gobernadas por la oposición están adquiriendo deuda sostenible positiva, como Querétaro, según los datos del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es un semáforo en el cual se establece el nivel de endeudamiento que pueden tener las entidades.

Aparte de la inversión estatal, la federación aporta en cierta medida. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que de 2015 a 2020, el 80% de los recursos destinados a inversión pública en los estados provino del orden federal.

La “deuda cero” de Tlaxcala

En febrero pasado, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, aseguró que su gestión mantiene la política de cero deuda, a la vez que fomenta la inversión.

Sin embargo, la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de 111 mdd hasta el tercer trimestre de 2025, por debajo de sus vecinos regionales Puebla, con 385 mdd, y el Estado de México, con 3,165 mdd.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla del estado como un ejemplo porque es el único que no tiene deuda pública; no obstante, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que es la entidad que menos aporta al Producto Interno Bruto (PIB), con 0.6%.

Sacrificar el desarrollo

Los analistas observan que la mayoría de los gobiernos estatales están priorizando mantener el semáforo del Sistema de Alertas en verde, que hacer inversiones que los coloquen en una situación de deuda que “manche” su estabilidad crediticia.

En ese sentido, la economista Heidi Jane Smith explica en un artículo reciente que las entidades federativas hacen gastos operativos antes que para inversión, lo que muestra que el dinero no está siendo dirigido para generar rendimiento económico.

“La ‘regla de oro’ que exige endeudarse sólo para inversión pierde sentido cuando los proyectos no siguen metodologías de evaluación, no se insertan en estrategias multianuales y muchas veces se fragmentan en obras pequeñas, poco útiles o desconectadas entre sí”, señala.

El mito de la deuda

Ante la pregunta de por qué los estados mexicanos no están adquiriendo deuda para inversión potente, la respuesta más frecuente de los analistas de crédito está relacionada a la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) de 2016.

“(La ley) profundizó la lógica restrictiva: más controles, más reportes, más normas, pero no más herramientas para construir proyectos estratégicos. Las reglas dicen lo que no se puede hacer, pero no fortalecen la capacidad para hacer lo que importa” explica la economista Smith.

Es decir, aunque evitar la deuda se muestra como un acto de responsabilidad, esquivarla se traduce en sacrificar inversión planificada que, desde la perspectiva de las agencias calificadoras, detonaría mejores condiciones para la población en sectores como salud, educación y transporte público.

La estabilidad que trajo la “disciplina financiera”

Cuando se implementó la Ley de Disciplina Financiera y se creó el Sistema de Alertas, un estado de la República Mexicana estaba calificado en rojo y el resto en amarillo, lo que implicaba que solo podían contratar el 5% de su techo de financiamiento. Hoy todas las entidades están en verde.

“Todas están ya clasificadas en un nivel de endeudamiento sostenible y eso implicaría que pudieran contratar hasta el 15% de sus ingresos de libre disposición. Sin embargo, no está sucediendo así” explican los analistas de crédito. En cambio, el endeudamiento va a la baja, observan.

Los expertos consultados por este medio notan que, en los últimos años, las entidades federativas han optado por el endeudamiento a corto plazo —pintar banquetas, hacer bacheo, construir puentes para distribuir el tráfico—, en vez de deuda a largo plazo, que es la que exigen proyectos de mayor impacto, como un metro.

 

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Con la implementación de la ley, las entidades aplicaron estrategias fiscales que mejoraron los márgenes que le dan mayor sostenibilidad a la deuda en el largo plazo, dicen los expertos.

Si se planifica de manera adecuada, la inversión pública detonaría proyectos de infraestructura que promueven la productividad y la competitividad y por ende, el crecimiento económico, según los expertos.

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