La Cámara de Diputados de Brasil votará este lunes el proyecto de privatización de Eletrobras, la mayor compañía eléctrica de América Latina, impulsado por el gobierno de Jair Bolsonaro y criticado por su posible impacto en el bolsillo del usuario.
La privatización se realizaría mediante la emisión de nuevas acciones, a fin de que la participación del Estado en el capital de Eletrobras caiga del 51.8% al 45%.
La propuesta ya fue aprobada por los diputados el mes pasado, pero el Senado realizó modificaciones que obligan a un nuevo voto en la cámara baja.
Si todo funciona como espera el gobierno, la ampliación de capital se realizará a inicios de 2022, con la expectativa de captar hasta 60,000 millones de reales (11,800 millones de dólares).
Previamente, la represa de Itaipú y las plantas nucleares de Eletronuclear, que por determinación constitucional son de gestión estatal, deberán desprenderse del sistema de Eletrobras.
El proceso de privatización se inició mediante una ordenanza (medida provisoria) del 23 de febrero, con validez máxima de cuatro meses. Si no se aprueba hasta este martes 22 a medianoche, pierde vigencia y el gobierno no podrá relanzarlo antes de 2022, un año electoral.
El presidente de la Cámara convocó una reunión extraordinaria para proceder al voto este lunes a las 15:00 local.
Para Bolsonaro, “sin la privatización, el sistema energético de Brasil acabará en un caos”.
El mercado apuesta que ya no habrá más tropiezos para privatizar la empresa que provee casi un tercio de la electricidad de la principal economía latinoamericana.
Tras la aprobación de las modificaciones en el Senado, las acciones ordinarias de Eletrobras en la Bolsa de Sao Paulo llegaron a subir un 10% el viernes. En lo que va del año, con la consolidación de la perspectiva de privatización, subieron más de 35%.
La oposición advierte que la pérdida de control accionario por parte del Estado puede provocar un aumento de las cuentas de luz y “amenazar la soberanía nacional”.
Otras objeciones proceden de las enmiendas introducidas por los legisladores, que aumentan la exigencia de contratación por parte del gobierno de energía producida por centrales térmicas en varias regiones del país.
El diputado Danilo Forte (del partido centrista PSDB), que había votado a favor de la privatización el mes pasado, dijo que ahora votaría en contra, porque esas modificaciones “aumentaron mucho la cuenta”, con el riesgo de que los gastos de la privatización superen el monto captado.
El ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes, asegura que la operación permitirá reducir la factura de electricidad de los hogares y las empresas hasta en un 7.4%.
Crisis energética
Los debates se dan en un marco de tensión en el abastecimiento de electricidad debido a la sequía, en un país cuya matriz energética está constituida en un 85% por plantas hidroeléctricas. Eletrobras es poseedora de una cincuentena de ellas.
Aunque la firma arrojó beneficios en los últimos años, los partidarios de la privatización aducen que carece de medios financieros para mantenerse competitiva.
La capitalización es fundamental para que la empresa recupere su capacidad de invertir,
dijo su presidente, Rodrigo Limp
Para Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura (CBIE), la privatización permitirá a Eletrobras contar con recursos para “revitalizar las cuencas hidrográficas”, a fin de enfrentar el cambio climático.
“Cada vez está más claro que el agua será uno de los productos más caros del planeta Tierra”, dijo Pires a la AFP.
