Tras un debate que duró menos de dos horas, el Parlamento de Venezuela -controlado por la oposición- aprobó este martes por mayoría de votos declarar a Nicolás Maduro como “usurpador de la presidencia”.
El Congreso de ese país considerará a partir de hoy como “nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo”, señaló el texto ratificado en sesión legislativa.
El acuerdo, que desconoce el segundo mandato presidencial de Maduro, señala que los diputados trabajarán para celebrar elecciones libres, además de que se preparará una solicitud dirigida a reguladores y bancos de casi 50 países para que tomen medidas que congelen las cuentas del gobierno y así proteger los activos del país.
El pedimento del Congreso de Venezuela se hará llegar a países de América, Europa, así como a China y a los Emiratos Árabes, lo que podría dificultar aún más las operaciones de la reelecta administración en el exterior, que ya enfrenta sanciones por parte de Estados Unidos.
En la agenda oficial de trabajo de este martes, el Parlamento incluyó un decreto para otorgar “amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan con la defensa de la Constitución”, beneficios que se ofrecerán a quienes desobedezcan a Nicolás Maduro, agregaron los diputados.
Líder opositor podría ser reconocido por EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa considerar al jefe del Parlamento de Venezuela y líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente legítimo de ese país tras desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro, reveló la cadena de noticias CNN.
Guaidó fue detenido el pasado domingo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando se dirigía a un mitin, retención que duró media hora y que fue calificada por Maduro como “un show para los medios (de comunicación) internacionales”.
Si bien todos estos esfuerzos políticos buscan una transición pacífica del poder, todo podría quedar en resultados vanos, pues el Tribunal Supremo de Justicia del país sudamericano declaró nulas todas las leyes del Congreso desde 2015, cuando lo designó como institución en desacato.
