El proyecto de la empresa china en Venezuela estaba destinado a alimentar a millones de personas.
En Delta Amacuro, un remoto estado venezolano que limita con el Mar Caribe, China CAMC Engineering, un gigante de la construcción chino, llegó a un acuerdo audaz con el entonces presidente Hugo Chávez.
Según el pacto de 2010, la firma estatal construiría nuevos puentes y carreteras, un laboratorio de alimentos y la planta de procesamiento de arroz más grande de América Latina, desarrollaría arrozales dos veces más grandes que Manhattan y crearía puestos de trabajo para los 110,000 residentes del área, muestra una copia del contrato.
El estado subdesarrollado era un lugar ideal para demostrar el compromiso del gobierno socialista venezolano de empoderar a los pobres y el acuerdo mostraría como Chávez y su eventual sucesor cuidadosamente seleccionado, el presidente Nicolás Maduro, podrían trabajar con China y otros aliados para desarrollar áreas más allá de los generosos yacimientos petrolíferos de Venezuela.
“El poder del arroz! ¡Poder agrícola!”, tuiteó Chávez en ese momento.
Delta Amacuro! Viva el Pueblo Deltano! Potencia Arrocera! Potencia Agrícola!
— Hugo Chávez Frías (@chavezcandanga) 5 de mayo de 2012
Nueve años después, los locales tienen hambre. Pocos trabajos se han materializado y la planta está a medio construir, funcionando a menos del 1% de su producción proyectada. No ha producido un solo grano de arroz cultivado localmente, según una docena de personas involucradas o familiarizadas con el desarrollo.
Sin embargo, CAMC y unos pocos socios venezolanos seleccionados sí prosperaron.
Venezuela pagó a la empresa china al menos 100 millones de dólares por el desarrollo estancado, de acuerdo con los contratos del proyecto y los documentos judiciales sellados de una investigación realizada por fiscales en Europa.
Las miles de páginas de documentos judiciales fueron archivadas en Andorra, el principado europeo donde los fiscales alegan que los venezolanos involucrados en el proyecto trataron de lavar los sobornos que se les pagaron por ayudar a asegurar ese contrato y al menos otros cuatro
La acusación formal acusó a 12 venezolanos de delitos que incluyen lavado de dinero y conspiración para lavar dinero. Entre los acusados se encontraba Diego Salazar, primo de un exministro de petróleo quien, según los investigadores, permitió los contratos. También fue acusado el principal representante en China ante la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, o PDVSA.
De acuerdo con los documentos, también fueron acusadas 16 personas de otras nacionalidades y al menos otros cuatro venezolanos, uno de los cuales fue embajador en Beijing y ahora es el diplomático más importante del país en Londres. Hoy están bajo investigación.
La acusación, los nombres de los implicados y su asociación con empresas chinas fueron reportadas el año pasado por el diario El País. Una revisión de los archivos del caso, los cuales todavía están sellados en Andorra, refleja cómo CAMC y otras compañías chinas establecieron vínculos con muchos de los acusados y pagaron para ganar proyectos que las compañías a menudo no completaron.
El resultado, según los fiscales, fue una cultura de sobornos de gran alcance, pagada a través de cuentas en el extranjero, en la que intermediarios venezolanos bien conectados ordeñaron y finalmente paralizaron proyectos que estaban destinados a desarrollar rincones abandonados del país.
Ni CAMC ni ninguno de sus ejecutivos fueron señalados en la acusación.
En un comunicado, la compañía con sede en Beijing argumentó que los detalles y las afirmaciones en los archivos del caso incluyen “una gran cantidad de inexactitudes”, pero no dieron más detalles.
“Nuestra compañía opera en Venezuela respetando la idea de integridad y se esfuerza por completar cada proyecto de construcción con la mejor tecnología y administración”, afirma en el comunicado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, aseguró que los “informes” sobre el supuesto soborno de compañías chinas en Venezuela “obviamente distorsionan y exageran los hechos, con una agenda oculta”. No especificó a qué agenda se refería. La cooperación entre los dos países continuará, se lee en la declaración, “basada en principios comerciales, iguales y mutuamente beneficiosos”.
El Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones del gobierno, y el gigante petrolero PDVSA, socio en muchos de los contratos citados en el caso judicial, no respondieron a las consultas.
Crisis política en Venezuela
El régimen de izquierda fundado por Chávez y ahora liderado por Maduro se enfrenta a su amenaza más grave. Los legisladores de la oposición, con el apoyo de la mayoría de las democracias occidentales, dicen que la reelección de Maduro el año pasado fue ilegal y que Juan Guaido, jefe de la Asamblea Nacional, es el líder legítimo del país.
La semana pasada, en un levantamiento fallido, Guaidó intentó, sin éxito, unir al ejército de Venezuela, el eje del apoyo al gobierno impopular, contra Maduro.
La crisis política fue provocada por un derrumbe económico, hiperinflación, desempleo masivo y un éxodo de ciudadanos desesperados. Los venezolanos sufren una escasez regular de alimentos, energía y agua, elementos básicos que debían mejorar a través de proyectos como el de Delta Amacuro.
La extrema escasez y los proyectos disfuncionales, según la oposición, ilustran cómo la corrupción y el capitalismo de los amigos ayudaron a empobrecer al país que una vez fue próspero y a muchos de sus 30 millones de habitantes.
Presencia china en Venezuela
Después de un ambicioso acuerdo en 2007 entre China y Venezuela, las compañías asiáticas se anunciaron como socios en proyectos de infraestructura y otros proyectos por valor de miles de millones de dólares. Desde entonces, China invirtió más de 50,000 millones de dólares en Venezuela, principalmente en forma de acuerdos petroleros, según muestran las cifras del gobierno.
En un discurso de 2017, Maduro detalló que se habían contratado 790 proyectos con empresas chinas en sectores que iban desde el petróleo hasta la vivienda y las telecomunicaciones. De ellos, especificó, 495 estaban completos. Algunos desarrollos se han estancado debido a corrupción, dijeron personas familiarizadas con los proyectos; otros fueron descarrilados por la incompetencia y la falta de supervisión.
En Delta Amacuro, incluso los funcionarios del gobierno dicen que una mezcla de ambos arruinó el proyecto del arroz. “El gobierno lo abandonó”, dice Victor Meza, coordinador estatal de la agencia de desarrollo rural de Venezuela y que trabajó con CAMC. “Todo se perdió. Todo fue robado”.
Los fiscales en Andorra, un paraíso fiscal gracias a sus leyes sobre secreto bancarias, iniciaron su investigación sobre el lavado de dinero en Venezuela en un esfuerzo más amplio para limpiar el sector financiero local.
La acusación es parte de un caso mucho mayor en el que los fiscales alegan que los funcionarios venezolanos entre 2009 y 2014 recibieron “comisiones ilegales” por valor de más de 2,000 millones de dólares de los contratistas, compañías estatales y otras fuentes, a menudo por permitir transacciones con el gobierno.
Además de los proyectos agrícolas de CAMC, los andorranos examinaron dos proyectos de centrales eléctricas de la empresa y otras cuatro centrales eléctricas construidas por Sinohydro, otra empresa de ingeniería estatal china. Ninguna de esas plantas llegó a ser completamente operativa, dejando a las ciudades cercanas a ellas sujetas a apagones regulares.
Actualmente, la planta de arroz CAMC permanece inacabada. Solo uno de sus 10 silos, medio lleno, contiene pocos granos. Algo de maquinaria funciona, pero procesa arroz importado de Brasil. Los arrozales cercanos están en barbecho, el laboratorio incompleto y las carreteras y puentes sin construir.
Relación China-Venezuela
En 2009, Chávez y Xi Jinping, vicepresidente de China en ese momento, ampliaron un fondo conjunto que los países habían creado con el acuerdo de desarrollo de 2007. “¿No estamos agradecidos con China?”, cuestionó Chávez en una ceremonia con Xi en el palacio presidencial en Caracas, capital de Venezuela.
Prometiendo suministrar petróleo a Beijing “durante los próximos 500 años”, Chávez señaló hacia Delta Amacuro en un mapa. “Mira, Xi”, dijo, anunciando un esfuerzo para rehabilitar la región.
En el momento de la ceremonia con Xi, Chávez estaba haciendo de PDVSA un centro para una creciente variedad de desarrollos, muchos de ellos no relacionados con el petróleo. Una unidad de nueva creación conocida como PDVSA Agrícola, por ejemplo, se encargaría de aumentar el suministro de alimentos.
La diversificación hizo de PDVSA el conducto a través del cual se adjudicaron los contratos y una creciente suma de dinero administrada por el banco nacional de desarrollo de Venezuela. Para el 2010, dicen las declaraciones, el banco había recibido 32,000 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China y otros 6,000 millones de dólares de un fondo de infraestructura creado por Chávez.
El intermediario entre China y Venezuela
Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, un confidente de Chávez que dirigió PDVSA y el ministerio de petróleo durante una década, estaba bien posicionado y acudió al evento en el que estuvo el presidente chino.
El padre de Salazar era un guerrillero comunista y autor que luego se convirtió en legislador y aliado de Chávez. Sus lazos familiares y conexiones con los legisladores le dieron al joven Salazar una valiosa agenda de direcciones que ejercía en una consultora que operaba en Caracas.
La firma, Inverdt, era propiedad de un holding con sede en Panamá que había establecido llamado Highland Assets, según el testimonio que Salazar dio a los investigadores en Andorra cuando comenzaron a investigar su cuenta en el banco BPA. Desde una oficina a pocas cuadras de la sede de PDVSA, se reunía a menudo con Ramírez y otros altos funcionarios, de acuerdo con personas familiarizadas con sus actividades.
Ramírez dejó el ministerio en 2014 y fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas hasta 2017. Desde entonces, Maduro lo ha acusado públicamente de corrupción no especificada, pero Ramírez no fue acusado en Andorra y no ha sido acusado formalmente de ningún delito en Venezuela. Ahora vive en el extranjero como un opositor del gobierno.
Salazar comenzó a comunicarse con ejecutivos chinos, ofreciendo sus servicios como un consultor bien conectado para ayudar a los negocios de corredores en Venezuela. Viajó a China mensualmente y comenzó a pagar a los funcionarios venezolanos allí para forjar vínculos con empresas como CAMC.
“Mi trabajo fue convencerlos, a través de reuniones, viajes y promociones a firmar contratos”, confesó Salazar a los investigadores andorranos.
Personas familiarizadas con el caso dijeron que Salazar y sus supuestos asociados, antes de la acusación, aceptaron testificar en Andorra porque esperaban limpiar sus nombres.
En su testimonio, Salazar le dijo a los investigadores andorranos que eligió el BPA como banco extranjero porque sabía que otros venezolanos ricos lo habían hecho. Ubicado en un tranquilo valle de los Pirineos, BPA tenía la reputación de ser un administrador de dinero discreto para clientes de países de alto riesgo.
Después de que Andorra presentó solicitudes de información para su caso a Caracas, un tribunal venezolano en 2017 ordenó que Salazar fuera arrestado bajo sospecha de corrupción, lavado de dinero y conspiración. Actualmente sigue en la cárcel.
Giménez, el abogado de Salazar en Andorra, alegó que las autoridades chinas decidieron qué compañías recibirían fondos y que ni Salazar ni sus supuestos intermediarios podrían influir en eso. Inverdt, la consultora de Salazar, ofreció servicios “profesionales y técnicos” a muchas empresas chinas y que “solo un puñado de esas empresas fueron elegidas para realizar trabajos”.
Uno de los intermediarios de Salazar, según la acusación, fue Francisco Jiménez, un ingeniero de carrera que fue enviado de PDVSA en Beijing y a quien los andorranos acusaron junto a Salazar, quien lo contactó por primera vez durante un viaje a China en 2010, según el testimonio que dio Jiménez en Andorra.
En marzo, Jiménez firmó una “alianza estratégica” con Salazar para promover Inverdt en China. Bajo los términos de su contrato, Salazar acordó pagarle a Jiménez 7.38 millones de dólares en una cuenta de BPA que Inverdt ayudó a abrir. Los registros bancarios en los archivos del caso muestran que Jiménez más tarde recibió otros 7 millones de dólares.
A principios de 2010, el alcance de Salazar dio sus frutos. Sinohydro, la firma de ingeniería, en marzo firmó un contrato de 316 millones de dólares con PDVSA para construir una planta de energía cerca de la ciudad de Maracay.
En el contrato, Sinohydro acordó pagarle a Salazar una tarifa del 10% por ayudarlo a “obtener una posición positiva y favorable para llevar a cabo el contrato”. Los registros del banco muestran que la compañía pagó 49 millones de dólares en la cuenta BPA de Salazar y otros 72 millones de dólares después de Sinohydro obtuvo contratos adicionales de plantas de energía de PDVSA.
Sinohydro eventualmente construyó cuatro plantas, pero ninguna cumplió con las especificaciones completas del contrato, afirman los ingenieros. La planta cerca de Maracay, por ejemplo, tenía la intención de generar hasta 382 megavatios, según el contrato. En cambio, la planta está produciendo no más de 140 megavatios, según José Aguilar, exdirector de la eléctrica estatal de Venezuela.
Pronto, la compañía de Salazar estaba ganando más de 100 millones de dólares al año, según el testimonio de él y varios asesores. “Tenía un maletín lleno de contratos”, dijo a los investigadores andorranos Luis Mariano Rodríguez, un agente de Salazar también acusado.
“Hicimos acuerdos con todas las empresas posibles”, agregó. “Algunas de estas empresas nunca llevaron a cabo los proyectos”.
Mientras el dinero entraba, Salazar despilfarró pagando decenas de miles de dólares por estadías en hoteles y gastando millones en regalos. Por un millón de dólares, compró 83 relojes Rolex y Cartier en una joyería de Caracas, de acuerdo con una factura en las presentaciones. En un correo electrónico de Rodríguez a BPA que justificaba la compra, dijo que los relojes estaban “regalados a familiares y amigos”.
En abril de 2010, la policía andorrana comenzó a investigar a Salazar. Los investigadores franceses les preguntaron acerca de una transacción reciente: desde su cuenta de BPA, Salazar había transferido 99,980 dólares a un empleado de un hotel de París como un “consejo para brindar servicios”. No está claro cuáles fueron esos servicios.
En mayo de 2010, comenzaron las conversaciones para el proyecto del arroz. Ese mes, Rodríguez se reunió con Wang Hong, vicepresidente de CAMC en Caracas para firmar un contrato. En él, acordaron que CAMC pagaría a la compañía de Salazar 10% del valor del contrato de arroz para ayudarlo a ganar.
En junio, PDVSA Agrícola otorgó el contrato a la empresa china, valorando el desarrollo de arroz en 200 millones de dólares.
Para el 2012, según muestran los documentos del proyecto, CAMC había recibido 100 millones de dólares del banco de desarrollo venezolano por el compromiso, la mitad de lo acordado. La compañía envió excavadoras, apisonadoras y otros equipos desde China.
Pero el progreso fue lento. Una excavadora se atascó en el barro y se quedó allí. Los capataces chinos hablaban poco español y luchaban con los equipos locales, según los ingenieros que trabajaron en el proyecto.
Los precios del petróleo, que recientemente habían excedido los 100 dólares por barril, ese año cayeron en más de la mitad. La economía de Venezuela se hundió.
CAMC sacó a 40 empleados de su equipo en el sitio de arroz, dijeron personas involucradas en el proyecto. Locales saquearon chatarra abandonada por CAMC. Los trabajadores desempleados vendieron cables y bombillas sobrantes, dijeron exgerentes.
‘No producimos nada’
Tucupita, una ciudad de 86,000 habitantes, es la capital de Delta Amacuro. Abraza las orillas del Caño Manamo, una rama del Orinoco, uno de los ríos más grandes de Sudamérica. Una vez, Tucupita fue una parada para los barcos que enviaban mercancías desde fábricas del interior a compradores en el Caribe y más allá.
En 1965, el gobierno represó al Caño Manamo. El tráfico de embarcaciones se detuvo, el agua dulce retrocedió y el agua de mar se filtró tierra adentro, degradando los suelos. Cuando Chávez llegó a la presidencia en 1999, quedaba poca agricultura.
“Cuando era niño, había arroz por todas partes”, recordó Rogelio Rodríguez, un agrónomo local. “Ahora no producimos nada”.
Maduro ha tratado de hacer algo del proyecto inacabado de la empresa china en Venezuela.
En febrero, el ministro de Agricultura, Wilmar Castro, inauguró la planta ‘Hugo Chávez’, cortando una cinta frente a los sacos de arroz adornados con banderas venezolanas y chinas. No asistió nadie de CAMC, según una persona presente en la ceremonia.
En lugar de maquinaria capaz de procesar 18 toneladas por hora, los trabajadores están empaquetando el arroz importado a mano. “Aquí no crece ni un gramo de arroz”, dijo Mariano Montilla, un habitante de 47 años que vive de las pocas cosechas que puede obtener del matorral cercano.
“Parecía una idea revolucionaria”, dijo sobre la promesa inicial de Chávez. “Ahora estamos hambrientos”.
