Luego de que el Gobierno de México presentara una demanda en contra de las empresas de armas estadounidenses, las compañías apelaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos acogiéndose a la ley federal de 2005 conocida como Ley de Protección del Comercio Legal de Armas.
El gobierno mexicano ha acusado a las armamentistas de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego para el uso de los cárteles de la droga y de alimentar la violencia armada en territorio nacional.
Las autoridades estadounidenses deberán definir si las prácticas de compañías como Smith & Wesson e Interstate Arms son respaldadas por la ley o quedan fuera de estas protecciones, tal y como lo estimó el tribunal inferior.
Catherine Stetson, abogada encargada de la defensa de México, dijo a los magistrados que la tarea de la Corte Suprema es simplemente definir si el caso puede seguir adelante o será desestimado.
Estamos al principio del principio de este caso. Este tribunal no tiene por qué dar fe de las acusaciones de México, pero debe asumir que son ciertas. México debería tener la oportunidad de probar su caso
señaló la litigante.
El antecedente de México contra las empresas de armas
La demanda de México en contra de las empresas de armas estadounidenses fue presentada en la ciudad de Boston durante 2021 y en ésta se señaló la violación de varias leyes tanto en Estados Unidos como en México.
Un juez federal ya había desestimado el caso en 2022; sin embargo, una corte de apelaciones revivió el caso citando una excepción en la ley
De acuerdo con las autoridades nacionales, las compañías han mantenido de forma deliberada un sistema de distribución que incluye a comerciantes que venden armas a compradores externos o “fachadas” que luego trafican armas a los cárteles en México.
La acusación también indica que las empresas han diseñado y comercializado ilegalmente sus armas como de uso militar para aumentar la demanda entre los cárteles e incluso ha asociado sus productos con el ejército y otras fuerzas del orden estadounidense.
México busca daños monetarios por un monto no especificado y una orden judicial que requiera que Smith & Wesson e Interstate Arms tomen medidas para “remediar y remediar las molestias públicas que han creado en México”.
Con información de Reuters
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