Aunque la llamada Ley Fintech que se publicó en 2018 estableció, entre otras cosas, el intercambio de datos entre entidades financieras, el avance del modelo open finance (finanzas abiertas) está limitado por la falta de disposiciones secundarias.
En el artículo 76 de la legislación se contempló la obligación de que entidades financieras, transmisores de dinero, las sociedades de información crediticia y las cámaras de compensación establecieran interfaces de programación de aplicaciones (APIs) estandarizadas para conectar con otras.
“Lo que se dijo en la Ley Fintech es que se van a compartir datos en tres niveles: en términos de infraestructura, datos estadísticos y datos transaccionales, si el titular lo permite”, explicó Carlos Valderrama, socio fundador de la firma Legal Paradox.
Retrasos continuos
En 2020 se publicaron, con retraso, disposiciones de carácter general relacionadas con las APIs y los datos financieros abiertos, como los productos y servicios que se ofrecen al público ene general o la ubicación de oficinas y cajeros automáticos, pero aún faltan las disposiciones secundarias restantes.
De acuerdo con la ley, las disposiciones debieron emitirse en los 24 meses siguientes a su publicación, pero ya han transcurrido 63 meses sin ellas, algo que Valderrama atribuyó a los cambios de personal al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Vamos tarde. En 2018 éramos punteros, ahora hay países como Brasil que ya tienen una regulación más robusta
observó el abogado en entrevista.
Actualmente, dijo, se sigue trabajando en conjunto con asociaciones como Fintech México y la Embajada Británica, que fue pionero en regulaciones de open banking, para contribuir en lo posible con la generación del marco regulatorio necesario.
En esta segunda fase de regulaciones se espera que se aborde el intercambio de datos transaccionales, de acuerdo con un reporte de Belvo, una plataforma de APIs.
Otros retos
Más allá de la regulación pendiente, Valderrama menciona que entre las mismas entidades financieras existe cierta resistencia al open finance que, en su opinión, derivan de que falta conocimiento sobre los beneficios que el intercambio puede generar para ambas partes.
“El marco regulatorio está construido para que el proveedor de servicio sólo tenga acceso a la información, pero quien preste el servicio sea la entidad regulada”, explicó.
Otra barrera está relacionada con el alto costo que tiene para los proveedores externos realizar las consultas de datos con las entidades financieras, el cual se busca reducir, pero hasta ahora ha sido difícil de negociar, comentó.
Pablo Vilguera, cofundador de Belvo, consideró que México tiene el contexto propicio para implementar y crecer el open finance, debido a la unión de factores como la informalidad laboral, las comisiones bancarias y desconfianza en la industria, así como el cambio generacional que ha impulsado la digitalización de servicios financieros
“En 2023 veremos cómo la implementación del open finance en México detonará un significante incremento en la inclusión financiera y mejorará los servicios financieros que se ofrecen en el país”, afirmó en una publicación en el blog de la empresa.
