Las instituciones del sistema financiero mexicano están conscientes de los riesgos del cambio climático, pero la mayoría no ha cuantificado los impactos, revela un estudio del Banco de México (Banxico) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU.
El reporte, publicado este martes, incluye la participación de 66 instituciones financieras, entre ellas administradoras de fondos de ahorro para el retiro, administradores y propietarios de activos e instituciones de crédito y busca determinar el grado de preparación de las instituciones financieras para abordar riesgos ambientales y climáticos en México.
Únicamente la mitad de las instituciones financieras considera que los riesgos ambientales pueden tener un impacto financiero sobre ellas (el 54% de las instituciones de crédito y el 45% de los administradores de activos clasificaron a estos riesgos como relevantes),
detalla el estudio.
Pero la mayoría de los participantes reconoce la importancia de contar con sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales como respaldo para la toma de decisiones.
En el reporte, se identifican dos tipos de riesgos provocados por el cambio climático: los físicos, que son aquellos vinculados con fenómenos meteorológicos severos, y los de transición, es decir, los relacionados con los cambios legales, de políticas y reputacionales.
“Las instituciones financieras mexicanas aún están en una etapa inicial con respecto al análisis de oportunidades y de riesgos físicos y de transición relacionados con el clima (el 64% de las instituciones de crédito y el 53% de los administradores de activos no han evaluado los riesgos físicos, mientras que el 81% de las instituciones de crédito y el 74% de los administradores de activos no han evaluado los riesgos de transición)”, revela.
De acuerdo con el informe, más del 60% de las instituciones de crédito consideran que sus carteras se verán impactadas por los riesgos físicos -aquellos vinculados con fenómenos meteorológicos severos ligados al cambio climático- y de transición, es decir, los relacionados con los cambios legales, de políticas y reputacionales, dentro de los próximos seis años.
Ante esa situación, las recomendaciones son elaborar lineamientos y reglas respecto a la divulgación de los riesgos climáticos y ambientales que sean consistentes entre los reguladores y supervisores financieros y desarrollar escenarios prospectivos que permitan a los participantes del sistema financiero incluir estos factores en sus evaluaciones de riesgos.
Entre las barreras identificadas para que la evaluación de riesgo incluya el impacto del cambio climático destaca un bajo nivel de participación de la alta dirección, pues únicamente el 31% de las instituciones de crédito participa activamente en el diseño de estrategias y políticas necesarias para administrar riesgos y oportunidades en materia social y ambiental.
A este punto se suma la falta de incentivos adecuados para la administración de estos riesgos ambientales.
Oportunidades hacia el futuro
El estudio también analiza si los participantes del sistema financiero están preparados para aprovechar las oportunidades que surjan de la transición hacia una economía baja en carbono.
De cara al futuro, 83% de las instituciones de crédito y el 74% de los administradores de activos creen que enfrentarán oportunidades relacionadas al medio ambiente impulsadas por cambios en los parámetros de riesgos físicos y de transición.
El 86% de las instituciones de crédito señalaron que tendrán oportunidades “debido a los cambios en los parámetros físicos, regulatorios y de preferencias del consumidor, especialmente en las áreas de la cadena de valor de energía y producción de los vehículos de baja emisión”.
Otras oportunidades surgen en infraestructura sostenible, financiamiento de proyectos de energía renovable, nuevos proyectos (proyectos greenfield), incluidos bienes raíces, que incorporan criterios de sostenibilidad, y cadenas de suministro de automóviles eléctricos.
